Defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al mecanismo de protección a periodistas del Gobierno Federal y sostuvo que las agresiones contra comunicadores y protectores de derechos humanos responden a que los estados y municipio no están haciendo lo que les corresponde.Los integrantes de la CNDH advierten que es tarea de todos brindarle protección a los periodistas, por lo que no sólo se tiene que reformar el mecanismo, sino buscar nuevas estrategias de trabajo, las cuales involucren a todos los niveles de gobierno, a través de una nueva ley que debe de surgir en el Congreso de la Unión, se detalló en el estudio diagnóstico sobre los alcances y retos del "Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas" publicado este lunes."No basta con reforzar el mecanismo en términos presupuestales ni de funciones si no se construye una política integral de Estado. Es menester hacer algo más que no se ha hecho. Algo que no se hizo en 2012, y que hoy es necesario poner en la mesa: la necesidad de una legislación que realmente responda a la realidad y al tamaño de la exigencia de protección para el ejercicio del periodismo y el derecho a defender derechos", señala el informe.El organismo autónomo dirigido por Rosario Piedra asegura que lo anterior se puede lograr mediante la construcción de una auténtica alianza entre poderes y los tres niveles de gobierno que pase de solo ofrecer medidas reactivas o preventivas que no aterrizan en lo que verdaderamente debería buscarse: "prevenir los crímenes y evitar la normalización de las vidas amenazadas, revisando todo el contexto de riesgo para reconstruir su vida y la de los suyos, sancionando los delitos cometidos contra ellos y evitando la impunidad, es decir, generando esquemas de soluciones duraderas".El documento, elaborado por la Quinta Visitaduría General de la CNDH, recuerda que el Mecanismo fue una de las principales recomendaciones formuladas por los relatores especiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2010, "en un contexto político muy claro donde se sabía a ciencia cierta la persecución y espionaje que el gobierno mexicano realizaba contra medios, periodistas, opositores y personas defensoras de derechos humanos, como fue el caso de la contratación del sistema de espionaje telefónico Pegasus de NSO Group, adquirido por Tomás Zerón de Lucio cuando fungía como Director de la Agencia de Investigación Criminal para uso del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)".Se destaca que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2021, se registraron 49 homicidios de periodistas y 94 defensores de derechos humanos asesinados, "mismos que tienen su origen en el crimen organizado, la impunidad imperante y la falta de una cultura que dimensione la importancia que tiene su labor, entre otros factores".También señala que en el sexenio anterior se contabilizaron 161 asesinatos de defensores de la tierra, "cifra que convirtió a México en uno de los países más peligrosos para los protectores del medio ambiente".MV
