La Patrulla Espiritual, conocida por su destacada labor en el rescate de personas con problemas de adicción, comúnmente referido por ellos como “Tazo Dorado”, ha ganado notoriedad recientemente, aunque no precisamente por su trabajo de rehabilitación. En esta ocasión, el grupo cristiano se volvió tendencia en redes sociales debido a un enfrentamiento con las autoridades en Tijuana, relacionado con presuntas infracciones de tránsito y otros delitos.En los últimos días, surgieron debates en plataformas digitales acerca de la supuesta detención de integrantes de la Patrulla Espiritual por parte de la Policía Municipal de Tijuana. Las imágenes, difundidas en la red social X, muestran el instante en que las autoridades inspeccionan la camioneta utilizada por el grupo.El vehículo en cuestión portaba rótulos, estrobos y sirenas, elementos que, según la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPCM), son de uso exclusivo de las fuerzas del orden. Además, el informe oficial indicó que la agrupación no contaba con permisos que autorizaran su utilización.Juan Manuel Sánchez Rosales, titular de la SSPCM, declaró:Sánchez Rosales también subrayó que estas acciones pueden considerarse un delito de usurpación de funciones. Explicó que cualquier vehículo particular que porte distintivos similares a los de un automotor oficial está incurriendo en esta falta.“Es un vehículo particular, y cualquier automóvil particular que ostente distintivos policiales o de servicios de emergencia comete el delito de usurpación de funciones. Esto no se considera una falta administrativa, sino que se turna al Ministerio Público para determinar la sanción correspondiente”, añadió el funcionario.El titular también advirtió que, de haber personas en el interior del vehículo al momento de la detención, las consecuencias legales podrían haberse agravado.“En el momento de la detención, la camioneta de la Patrulla Espiritual no llevaba personas a bordo; de lo contrario, incluso se les podría imputar el delito de privación ilegal de la libertad. Si no hay un familiar que respalde que solicitó la ayuda, se añade esta acusación”, concluyó.La policía de Tijuana señaló que este tipo de casos no se resuelven con sanciones administrativas. Tanto el vehículo como las personas involucradas fueron remitidos al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.Las penas por el delito de usurpación de funciones pueden incluir prisión y multas económicas, dependiendo de la gravedad de la conducta y las circunstancias. Por ejemplo, la condena puede variar entre uno y seis años de cárcel, además de una multa cuyo monto se calcula con base en el salario mínimo vigente.Asimismo, quienes sean hallados culpables de este delito pueden enfrentar inhabilitación para ocupar cargos públicos por un tiempo determinado. Esta medida tiene como objetivo evitar que personas con antecedentes de este tipo puedan acceder a posiciones de autoridad en el futuro.BB
