Sin mencionar el nombre del comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón, la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, sostuvo que quien está al frente de ese organismo “es alguien que se dedica a todo, menos a atender a las víctimas”.Consideró que el Gobierno federal debe habilitar personal que atienda a las personas desde el momento en que inician una carpeta de investigación, a través de ayuda médica, psicológica, jurídica y tener todo un protocolo de seguimiento integral y articulado, con el que no se cuenta actualmente.Sin embargo, consideró que esta administración aún está en vías de generar una política de justicia para víctimas y que al cumplir seis meses en funciones, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenga bien estructurado todo el tema de víctimas. “Creo que es un tiempo prudente para poderlo llevar a cabo y concretarlo”.La luchadora social dijo que, aunque se ha avanzado, hace falta un programa integral para la atención a víctimas de secuestro, homicidio, feminicidio, trata de personas y abuso, entre otros delitos de alto impacto.Alertó del riesgo de una reforma a la Ley General que dé prioridad a las violaciones a los derechos humanos por encima de quienes han sufrido por violencia, delitos de alto impacto y desapariciones.“Hay una reforma que quieren hacer para atender a las víctimas y me preocupa de sobre manera que solamente están viendo por víctimas de violaciones a derechos humanos, que normalmente son cometidas por el propio Estado a personas imputadas, delincuentes o gente que detienen”.Aclaró que no está en contra de la atención a violaciones a los derechos humanos, pero para las víctimas de delitos de alto impacto debe haber una “mayor fuerza” para atender sus necesidades con abogados y crear los mecanismos que requieran, sin estarlas revictimizando, “que es algo que vemos muy frecuentemente en esto”.La presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, que ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, refirió que el eventual perfeccionamiento de la Ley General de Atención a Víctimas tiene la urgencia que determine el Senado de la República, porque “es el que marca la pauta”.Señaló que da un seguimiento puntual al tema y la próxima semana asistirá a una reunión a ese órgano legislativo para hacer propuestas concretas de lo que se requiere en el cambio de la ley.Recordó que para la atención a víctimas existen los recursos, pues hay más de mil 500 millones de pesos disponibles, que incluso están ganando intereses “porque no los emplean en la Comisión Ejecutiva”.Mencionó que Alto al Secuestro tiene propuestas relacionadas con la asignación de recursos para evitar que un monto considerable sea canalizado a personas desplazadas, “porque serían para extranjeros, es decir para migrantes, no para víctimas de la violencia”.Isabel Miranda de Wallace confió en que el gobierno federal termine de construir su programa en materia de víctimas de violencia y desparecidos “y nos lo pueda mostrar” y expresó su optimismo de que no se trate de una simulación.“Yo espero que no, el Presidente ha dicho que en el caso de los desaparecidos no hay límite al presupuesto y creo que eso habla de una voluntad que quiere hacer, ojalá que lo cumpla”, concluyó.AC
