El pasado 1 de febrero, Jaime Vera Alanís, precandidato a la alcaldía de Mascota por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue asesinado en calles de la Colonia Puerta del Sol, en Zapopan. Según la organización Data Cívica, que se dedica al estudio de este tipo de sucesos, con este hecho sumaron 959 asesinatos de políticos y funcionarios desde 2018. De acuerdo con el proyecto “Votar entre balas”, a cargo de la asociación referida, el 2023 fue el año con más homicidios de este tipo de figuras, con 356: casi uno al día, en promedio, y 22 más que en 2022. Para Itzel Soto Palma, quien coordina el análisis mencionado, la situación que se avizora para la elección del próximo 2 de junio es grave, si se toma en cuenta la inercia que se presenta desde hace años. “Prevemos que lamentablemente también va a haber un aumento en los próximos meses, porque va a haber elecciones locales, concurrentes, sobre todo en el marco de la violencia extrema ocasionada presumiblemente por grupos de la delincuencia organizada”, dijo Soto Palma. “Se van a mover los acuerdos. Es decir, cuando va a haber elecciones locales, suele haber una disputa por tener esta protección por parte de las autoridades, es por esto que los cargos locales suelen ser más vulnerables. Hay que aceptar que el crimen organizado se ha inmiscuido en las decisiones políticas en el país”, remató. Uno de los ejemplos que más ha marcado la violencia en Jalisco es el asesinato del ex gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, quien fue atacado a balazos el 18 de diciembre de 2020, y cuyo caso todavía está impune, pues no se ha logrado dar con el paradero de las personas que lo ejecutaron esa madrugada en un bar de Puerto Vallarta.Aunque hay un detenido en prisión preventiva por el caso identificado como Moisés “N”, alias “El Moy”, por presuntamente haber rentado el cuarto donde se hospedaron los asesinos, hasta ahora no se ha dado a conocer su sentencia.Así, Aristóteles Sandoval Díaz se convierte en uno de los 44 funcionarios, ex funcionarios e integrantes de partidos políticos en Jalisco que han sido asesinados desde 2018, de acuerdo con información de la organización nacional Data Cívica.Con esta cifra, Jalisco se ubicó en el lugar número ocho a nivel nacional, de los Estados con el mayor número de políticos y funcionarios asesinados desde entonces y hasta el pasado 1 de febrero, cuando asesinaron al candidato a la alcaldía de Mascota, Jaime Vera, en Zapopan.Al respecto, Francisco Jiménez Reynoso, investigador integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), consideró que el tema de los asesinatos de políticos y funcionarios es sensible debido a que nos encontramos en pleno proceso electoral, el cual consideró, será, según las cifras, el más violento del México contemporáneo, dado el incremento del número de grupos delictivos, de sus pugnas, “y a la ferocidad con la cual se pelean las candidaturas las personas integrantes de los partidos políticos.“Uno de los factores más importantes en la repetición sistemática de asesinatos de políticos o funcionarios de primer nivel es la impunidad. Es lo que favorece a los delincuentes el cometer este delito una y otra vez en contra de quien sea. Incluso se observa la forma en que minimizan las autoridades en turno la problemática, autoridades que después se convierten en víctimas del problema, eso es lo más grave, y particularmente lo vemos en Jalisco”, lamentó el especialista, quien añadió, es precisamente la impunidad el elemento principal a atacar antes de la implementación de cualquier política pública. Guanajuato es el Estado con el mayor número de asesinatos en todo México, y esto se traduce también en que, de acuerdo con estadísticas de la organización Data Cívica, sea la Entidad con el mayor número de políticos y funcionarios asesinados en todo 2023, con un total de 45 víctimas.Entre las víctimas más recientes se encuentra Alejandro Lanuza, quien se desempeñaba como regidor del PAN en el municipio de Salvatierra. El político fue asesinado mientras salía de su casa, cuando fue atacado a balazos por hombres armados que se dieron a la fuga.A Guanajuato le siguen los Estados de Zacatecas, con 37 asesinatos, y Veracruz, con 30 víctimas, según revela la estadística de Data Cívica.Sin embargo, Itzel Soto Palma, coordinadora del proyecto “Votar entre Balas” de Data Cívica, destacó que no sólo se observa que los ataques han ocurrido con mayor frecuencia en las Entidades que mayores índices de inseguridad y violencia reportan en el país, convirtiéndose en un foco rojo de cara a los comicios del próximo 2 de junio, sino que debe prestarse atención a los municipios que, según los últimos registros, han reportado altas incidencias. Entre estos, dijo, se encuentra Tijuana como el número uno a nivel nacional.“Este es uno de los municipios en donde también hemos visto muchos eventos que no sólo son asesinatos, sino también amenazas, secuestros, secuestros de familiares, todos estos eventos violentos; agresiones no sólo directamente a un político, sino que pueden ser a su familia”.También, dijo, son focos rojos Celaya, en Guanajuato, y “nos ha sorprendido Chiapas, que, en años anteriores, no había figurado en cuanto a número de víctimas de violencia”, lamentó la coordinadora. Con el respaldo del Consejo Consultivo del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, integrado por ex gobernadores, ex alcaldes y otras figuras, el Comité Estatal del PRI exigió al Gobierno de Jalisco un Plan para garantizar la seguridad durante el proceso electoral 2023-2024. La coordinadora del proyecto “Votar entre Balas” de Data Cívica, Itzel Soto Palma, explicó que debido a que el mayor número de agresiones ocurre contra personas funcionarias y políticas a nivel municipal, la situación se puede explicar no sólo considerando que se trata del mayor número de cargos a ocupar a nivel nacional, sino que se relaciona además con redes de apoyo o protección informal que suelen no estar vigiladas, o suelen tener un menor nivel de observancia.Explicó que personas especialistas que participan en este proyecto, entre ellas actualmente colaboradoras de la organización México Evalúa, y en su momento especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), dichos apoyos suelen ejecutarse principalmente por y hacia integrantes del crimen organizado, por lo cual es necesario implementar políticas públicas para evitar estos actos, e incrementar el nivel de observación sobre cómo operan los gobiernos y los partidos, especialmente a nivel municipal.Dijo que hasta el momento no hay un solo partido político que no se perciba, en lo micro, tenga relación con estas protecciones, por lo cual, señaló, para poder comenzar a erradicar dichas redes que ponen en riesgo a sus mismos integrantes.“Hay integrantes de todos los partidos inmiscuidos en las redes de corrupción, y a la par no hay ningún partido político que esté, digamos, encabezando o liderando el desmantelamiento de sus redes de protección, que es esto precisamente lo que lleva a este tipo de violencia. Lo ideal, para encontrar una solución a fondo, es precisamente el erradicar esas redes de protección informal en lo local y municipal”, lamentó la coordinadora. El pasado 3 de febrero, este medio de comunicación dio a conocer que un total de 38 personas que aspiraban a un cargo público en los procesos electorales 2020-2021 y 2023-2024 han sido asesinadas en México en medio de la ola de violencia vivida en los últimos años.Entre noviembre de 2020 y mayo de 2021 fallecieron 30 personas candidatas y precandidatas, de acuerdo con datos del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral Jurisdiccional, impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y registros hemerográficos.Las otras ocho han sido asesinadas en lo que va del actual periodo electoral, según registros hemerográficos, entre ellas Jaime Vera Alanís, precandidato a la alcaldía de Mascota, la víctima más reciente.Entre los 30 asesinatos ocurridos en el proceso 2020-2021 se encontraron cinco figuras que contendían en Jalisco, entre ellas la ex alcaldesa de Cuquío y precandidata del PAN, Analuci Martínez Saldívar, asesinada en la Colonia Prados Tepeyac de Zapopan, y el precandidato por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casimiro Castillo, Carlos Alfredo Sevilla, cuyo cuerpo fue encontrado en un barranco dentro de su camioneta, y cuyo caso fue confirmado por la Fiscalía de Jalisco como un homicidio.Francisco Aceves, coordinador del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Guadalajara, lamentó que, pese a existir fuerzas de seguridad, no sea posible garantizar la vida de las personas candidatas, por lo cual es un riesgo latente que sigan ocurriendo este tipo de hechos en Jalisco y el país, que usualmente están relacionados con el control que ha comenzado a ejercer el crimen organizado en ciertas zonas del país para mantener los territorios a su conveniencia. Las autoridades de Zacatecas confirmaron que ayer cerca del municipio de Sain Alto, asesinaron al empresario gasolinero Cecilio Murillo, hermano del alcalde de Sombrerete. Este hecho fue confirmado por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del Gobierno de Zacatecas, quien escribió en sus redes sociales: “Hace unos minutos, el Fiscal me informó sobre el lamentable asesinato de Cecilio Murillo”.El Universal CT
