La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, con lo que la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral entregarían más de 15 mil millones de pesos (MDP) a la Tesorería de la Federación.La medida, que pasará al Senado para ser votada, fue avalada con los sufragios a favor de las bancadas de Morena, PT y PVEM, mientras que estuvieron en contra el PRI, PAN, PRD y MC. Hubo una abstención por parte de Javier López Casarín, del Verde. Con esto, el pleno de la Cámara baja avaló el dictamen que añade un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fondos y fideicomisos.Lo aprobado en San Lázaro fue una reforma a la citada ley, que prohíbe la creación y operación de fideicomisos, lo cual implica que desaparezcan 13 de 14 de esos instrumentos que mantienen el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral.“Existen fuertes resistencias y fuertes intereses, intentan confundir a la sociedad”, dijo el diputado Ignacio Mier, quien es líder de la bancada de Morena y el principal promotor de la iniciativa.Margarita Zavala, diputada del PAN, consideró que la extinción de los fideicomisos es un saqueo al Poder Judicial. “No se trata de 11 ministros de la Corte, se trata de miles de familias. Esto es un atraco a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y por eso se están manifestando en las calles, son derechos que están protegidos en la Constitución”, expuso. Desde el lunes, trabajadores del Poder Judicial protestaron en varios Estados del país para inconformarse contra los cambios. Ayer incluso hubo enfrentamientos con la Policía en la capital del país. Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, encabezados por su secretario general, Jesús Gilberto González, señalaron que los recursos de los fideicomisos que quiere apropiarse el Gobierno federal, "nacieron hace más de 25 años con nuestros salarios y aportaciones para cubrir contingencias de trabajadores en activos y pensionados", por lo que lo calificaron como un "atraco".El dirigente sindical también desmintió que haya habido diálogo con el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, como afirmó el legislador, para tratar el tema de los fideicomisos que propuso desaparecer.Señaló que no se descarta un paro nacional de labores en el Poder Judicial, pero primero se consultará con el Comité Ejecutivo Nacional y con la Asamblea Plenaria, porque la finalidad no es afectar a la sociedad con dicha decisión. Y detalló que el próximo 24 de octubre participará en el parlamento abierto que se realizará en la Cámara de Diputados.Adelantó que ya aprobados los recortes y la extinción de los fideicomisos por parte de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y de Senadores, tendrán preparados amparos en contra de dicha acción.Lo que significará trazar una ruta similar a la de 2018 contra la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, con la que lograron la suspensión definitiva y que, posteriormente, se declarara inconstitucional."Ese es un juego perverso del señor presidente, porque sabe que tarde o temprano va a llegar nuevamente el asunto a la Corte, y va a decir: 've, se siguen protegiendo de sus privilegios´", refirió.El Universal Durante el debate del dictamen para extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, los diputados de oposición han recriminado a los de Morena y aliados de pretender aprobar un proyecto “inconstitucional”, “sin fundamento” y “violatorio de los derechos laborales”.Las y los legisladores del PRI, PAN, PRD, y MC han afirmado que el recorte a los fideicomisos “no es una acción de austeridad sino de venganza”.Por su parte, las bancadas de Morena y aliados, han afirmado que “es una mentira” que el dictamen afecte a los trabajadores del Poder Judicial, y acusaron a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de mentir y defender sus privilegios “utilizando a los trabajadores de escudo humano”.“No se trata de 11 ministros de la corte, se trata de miles y miles de familias que dependen del Poder Judicial. Esto es un atraco, un atraco a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y por eso se están manifestando en las calles, son derechos que están protegidos en la Constitución”, expuso la diputada del PAN, Margarita Zavala, al presentar la última de cuatro mociones que fueron interpuestas, las cuales fueron rechazadas.Francisco Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional, dijo que el dictamen “quiebra la normalidad constitucional, atenta contra el principio de división de poderes, atenta contra los derechos y contra la seguridad social de los trabajadores al servicio del Poder Judicial de la Federación”, mientras las y los legisladores de su bancada mostraron pancartas con la leyenda “el recorte al poder judicial no es ahorro, es una venganza”.Luis Espinoza Cházaro, coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, aseguró que “la desaparición de los fideicomisos es una venganza política de López Obrador contra la ministra Piña”, mientras que Óscar de Jesús Almaraz, del PAN, aseveró que “esto no es una acción de austeridad es una acción de retroceso, no es para beneficiar a la gente sino para afectar de manera directa a los ministros de la corte a los magistrados a los jueces porque ellos con sus resoluciones y sentencias han hecho justicia ante las acciones ilegales del Gobierno actual”. Trabajadores del sector protestaron ayer en México, en víspera de que el Congreso debata un decreto para reducir fondos del Poder Judicial, lo que consideran que atacará su independencia para poder operar.Con carteles en los que se leían proclamas como "respeto a la división de poderes" o "no son privilegios, son nuestros derechos", pequeños grupos de funcionarios se concentraron en las calles de distintos puntos del país por segundo día consecutivo para criticar los recortes propuestos por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.En la Ciudad de México, hubo cortes de vialidades en varios puntos que fueron disueltos a empujones por la policía.El plan presidencial es suprimir 13 de 14 fideicomisos que financian el Poder Judicial de cara al presupuesto de 2024 porque, según el oficialismo, no son transparentes y sirven fundamentalmente para pagar privilegios.Los trabajadores argumentan que esa decisión conllevará recortes laborales importantes para miles de personas.La Suprema Corte de Justicia ha señalado que afectará, entre otros temas, a las pensiones o las prestaciones médicas de muchos de los 55 mil trabajadores del sector, el 60% de los cuales es personal operativo.Lourdes Flores, subsecretaria del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, subrayó que los principales afectados no serán los once magistrados del alto tribunal ni los mil 600 jueces del país, sino personas como los mecanógrafos, los que entregan notificaciones a veces en áreas despobladas o el personal que atiende a los detenidos.Un colegio profesional y el sindicato de trabajadores judiciales fueron los que llamaron a las manifestaciones y, en su convocatoria, alertaban de que llevarán a cabo “todas las acciones jurídicas y de carácter social” necesarias para confrontar lo que consideran ataques del gobierno y del Poder Legislativo.La confrontación entre López Obrador y el Poder Judicial no es nueva, pero no deja de crecer.La ONU ha denunciado altos índices de impunidad en el país y, además, en ciertas regiones, muchos jueces viven amenazados o han sido sobornados por el crimen organizado.El Presidente siempre lo ha considerado un sector marcado por la corrupción y lleno de privilegios, pero el hecho de que algunas de las grandes reformas de esta administración hayan sido amparadas ha servido para confrontarse con él. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestaron ayer por espacio de una hora afuera de las instalaciones de la dependencia ubicada sobre Periférico en Zapopan y en otras sedes.Cientos de trabajadores se manifestaron en Jalisco por la propuesta de desaparición de fideicomisos y reducción del presupuesto para el próximo año impulsada por el gobierno federal.Los manifestantes cerraron por espacio de unos 15 minutos Periférico frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación lo que provocó un atorón desde la Avenida Vallarta hasta Avenida Guadalupe en ambos sentidos.La Sección 20 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación manifestó su rechazo a la propuesta de la desaparición de 13 de 14 fideicomisos que contemplan recursos por 15 mil millones de pesos.Los trabajadores pidieron que se respeten las condiciones generales de trabajo que se vienen devengando y los derechos que se tiene en prestacionesAdemás de este edificio también se manifestarán en el edificio que se ubica en Avenida Patria que se sumaron a otras manifestaciones que se registraron en varios estados del país. Con 23 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, diputados de la Comisión de Hacienda, aprobaron el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2024, mismo que fue turnado al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión.Se autoriza la captación de 9.6 billones de pesos para el siguiente año derivados del cobro de impuestos, ingresos petroleros y el pago de derechos y contribuciones.PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra del dictamen por llevar al país a un mayor endeudamiento en el último año del presente Gobierno y el peligro que representa para el inicio de la siguiente administración. Avalaron el déficit presupuestario solicitado para el próximo año de 5.4% equivalente al producto interno bruto (PIB), por un mayor gasto para las obras emblemáticas del Gobierno federal, para los programas sociales y más apoyo para Petróleos Mexicanos.Además, se da luz verde a un techo de endeudamiento interno neto del Gobierno federal de un billón 990 mil millones de pesos para el 2024.Para el endeudamiento externo del sector público, que incluye al Gobierno federal y a la banca de desarrollo, el techo de endeudamiento neto aceptado es de 18 mil millones de dólares. CT
