El sexenio de Andrés Manuel López Obrador apostó por fortalecer a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina en presupuesto y en funciones, como estar al mando de todos los aeropuertos, aduanas o puertos. Y esta semana se consumará el último proyecto del Presidente: el 19 de septiembre se discutirá en la Cámara de Diputados la propuesta para que la Guardia Nacional pase al mando del Ejército, con la intención de blindar a la corporación, incluyendo la salida de todos los ex policías federales que actualmente conforman el cuerpo élite.En 2020, el Congreso de la Unión autorizó un presupuesto de 155 mil 413 millones para la Sedena, Marina y Guardia Nacional, pero este año se duplicó a más de 383 mil millones.Sobre la Guardia Nacional, inició operaciones en 2020 con 40 mil elementos desplegados en 150 regiones con altos niveles de violencia o inseguridad del país. Hoy cuenta con 135 mil agentes “bien formados, disciplinados y entregados a garantizar la paz y la seguridad pública”, presume Andrés Manuel López Obrador, distribuidos en 594 regiones estratégicas. El pasado 5 de febrero, López Obrador presentó una iniciativa que modifica 12 artículos de la Constitución. El dictamen que se discutirá esta semana en el Congreso federal argumenta el paso de la Guardia Nacional al Ejército de la siguiente manera: “De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 2023 del Inegi, la población percibió como efectivo o muy efectivo el desempeño de la Guardia Nacional en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia en 74%, mientras que calificó a la Armada y al Ejército con porcentajes de 85.6% y 83.5%, respectivamente. En contraste, esta percepción fue de sólo 54.1% en el caso de las Policías estatales y 48.6% respecto a las Policías municipales”.Remarca que las tres instituciones tienen los mayores niveles de percepción de confianza y aceptación entre la población: en promedio, nueve de cada 10 confían en éstas.Mientras los partidos de oposición y organismos civiles, como México Unido Contra la Delincuencia o Causa en Común, alertan sobre la militarización del país, “la iniciativa propone que quede a cargo de la Sedena, pero dicha adscripción no se refiere a que la corporación cumplirá con funciones del Ejército en Estado de guerra ni de excepción, sino que se regirá por normas y principios de seguridad pública. Contrario al uso de las Fuerzas Armadas del pasado, están obligadas a respetar los derechos humanos y sólo actúan en el marco de la ley. La reforma obedece a una disciplina que, en cuanto a su formación, es militar, pero en cuanto a su acción, es policial”, se indica en el dictamen. CT
