El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, rechazó ayer pedir la destitución del director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una investigación en su contra por la muerte de 40 personas en una estación migratoria en Ciudad Juárez.“Ya el señor Presidente (Andrés Manuel López Obrador) dijo que tenemos conocimiento, que hay una carpeta de investigación que se está integrando. Esperemos el resultado de las indagatorias que, por ley, corresponde a la FGR”, expuso ayer al ser cuestionado por la conveniencia de la destitución de Garduño por los medios de comunicación.En una conferencia ofrecida por el grupo parlamentario en el Congreso del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido al que pertenece, el secretario de Gobernación se alineó con López Obrador, quien horas antes, en su rueda de prensa diaria, dijo que “va a esperar” a que avance la investigación para decidir sobre el futuro de Garduño.“Y el Presidente informó que en tanto no haya una disposición legal que lo inhabilite o que lo sujete a un proceso, bueno, él va a esperar el resultado de esas investigaciones”, insistió el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), a la vez que instó a que se guarde “la secrecía de la investigación”.No obstante, aseguró que ayer tuvo comunicación con Garduño, quien le compartió un reporte acerca de la situación en Ciudad Juárez (Chihuahua) “como hace todas las mañanas”.Cuestionado también por las medidas tomadas por el Ejecutivo tras el incendio que acabó con la vida de 40 migrantes en el centro de detención del INM, López se limitó a decir que la responsable de comunicar ese tipo de cosas es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.“No puedo yo decirle porque, le repito, la voz autorizada es la secretaria”, se excusó.Sus declaraciones se producen después de que la FGR anunció que “procederá penalmente” en contra del director del INM, institución que depende de la Segob, por el incendio.La FGR acusó a Garduño y a otro alto funcionario del INM de “incurrir en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.También explicó que en el actuar de los directivos del INM, ha identificado “un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.EFE Miles de personas se congregaron en Guatemala para despedir ayer a dos de los 17 migrantes guatemaltecos que murieron bajo la custodia del Gobierno mexicano en un incendio en un centro de detención migratorio el 27 de marzo. Como ellos, Honduras recibió los cuerpos repatriados de sus nacionales y sus parientes se despidieron entre llantos, flores y velas.En Guatemala, la dinámica del municipio de Chicacao, en el departamento de Suchitepéquez, al sur del país, se vio convulsionada cuando familiares y amigos de Francisco Gaspar Rojché Chiquival y Miguel Rojché Zapalu, sobrino y tío respectivamente, velaron a los fallecidos y luego los enterraron en el cementerio.La motocicleta negra de Rojché Chiquival, de 21 años, conocido como Francis entre sus amigos, iba delante del féretro de metal color verde olivo cubierto por la bandera de Guatemala. “Era su única posesión”, dijo su padre Manuel Rojché. Varios amigos hicieron camisetas con fotografías del joven diciéndole que lo iban a extrañar.A un kilómetro de la casa del joven migrante, en la casa de su tío Miguel Rojché, el drama era mayor mientras era velado por su familia.Una fotografía en la que aparecía el migrante junto a su esposa, colocada en la puerta de la entrada de la sala de una humilde vivienda, acompañaba el velorio de su cuerpo. “Papito, regresa papito”, le gritaban sus hijas. El hombre deja en orfandad a cinco niñas y un niño. Sus hijas menores no pararán de llorar pidiendo que se levantara y que no las dejara solas.También en Honduras, la despedida de los suyos fue sentida. Las polvorientas calles de la localidad agrícola de Protección, al oeste del país, se llenaron la mañana del miércoles de decenas de habitantes que entre llantos, flores blancas y velas recibieron los cuerpos de tres amigos: Dikson Córdova, Edin Umaña y Jesús Alvarado. Retornaron a su poblado natal en ataúdes.Son tres de los seis hondureños que murieron en el centro de detenciones de Ciudad Juárez. AP Voz del expertoJuan Velázquez, abogadoLa Fiscalía General de la República (FGR) imputó al director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, y a otros cinco servidores públicos del INAMI, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que establece una pena de 1 a 3 años de prisión en el Código Penal Federal.Sin embargo, para abogados penalistas consultados, se trata de una falta que no es grave, por lo que Garduño Yáñez y los cinco servidores públicos acusados por la FGR en el caso del incendio de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 migrantes muertos, podrían llevar su proceso en libertad.El abogado Juan Velázquez afirmó que el ejercicio ilícito del servicio público no tiene la gravedad del delito de homicidio, por el que fueron vinculados a proceso un migrante venezolano, tres agentes del INAMI y un elemento de seguridad pública por su relación en el incendio en las instalaciones migratorias.“Es un delito que no tiene la gravedad del homicidio, y en una de esas se les pudiera permitir enfrentar su proceso en libertad, y si resultaran culpables se les puede imponer una pena de prisión y, en el caso, también una inhabilitación para ocupar nuevamente un encargo público”, explicó el litigante.Al final de cuentas, agregó, a Garduño Yáñez y los cinco servidores públicos no se les podría responsabilizar de las muertes de los migrantes, sino por “omisión, negligencia, por incumplimiento de sus funciones, que resultan en estas tragedias, y por ese motivo a esos funcionarios se les puede fincar una responsabilidad administrativa y, en todo caso, penal”.Por su parte, Jorge Nader, abogado penalista, puntualizó que el titular del INM no pisará la cárcel y podrá salir del problema de manera sencilla.En entrevista, Nader expuso que el delito de ejercicio ilícito del servicio público no es de prisión preventiva oficiosa y difícilmente un juez impondría prisión preventiva justificada a los servidores públicos imputados por la Fiscalía General de la República (FGR).Resaltó que otra cosa es un sentido de moral pública, “pues a partir de la imputación sería moralmente insostenible que continúe en el cargo, pues precisamente la imputación sería por un mal desempeño como servidor público”. En el contrato de seguridad entregado por el Instituto Nacional de Migración (INM) a la empresa privada Camsa SA de CV para la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde murieron 40 migrantes en un incendio el pasado 27 de marzo, se estipulaba que en caso de incendio los elementos de seguridad contratados deberían de evitar la sustracción de los bienes, además de que se debería de disuadir cualquier intento de fuga de migrantes.“Evitar robo de bienes”, señala el contrato del INM en caso de incendio de la estación migratoria en Juárez En ninguna parte del documento se señala que ante un caso de incendio, como ocurrió, se debería de buscar anteponer la protección de migrantes, funcionarios o demás personas presentes en la estación.En la página 7 del Anexo Técnico del contrato CS/INM/018/2023 se advierte que los elementos contratados deberían vigilar diariamente que las salidas de emergencia estuvieran libres de obstáculos materiales y en caso de que estas lo estuvieran, se debería de solicitar la liberación al supervisor del servicio.También se indica que los elementos contratados deberían tener identificadas las llaves de cada una de las puertas de la estación migratoria.“Apegarse a los lineamientos de la unidad interna de protección civil en caso inmueble del INM en que se presta el servicio en caso de urgencia (sismo, incendio, inundación, amenaza de bomba) deberá resguarda los inmuebles desde el exterior para evitar sustracción de los bienes”.“El encargado en turno debería de tener debidamente identificadas las llaves de cada una de las puertas de los inmuebles en los que se preste el servicio”.El documento indica que los elementos de seguridad se mantendrían en constante rotación y una vigilancia dinámica para resguardar el orden y disuadir cualquier intento de fuga.“Los elementos de seguridad se mantendrían en constante rotación en las distintas áreas alternadamente, según corresponda a los horarios autorizados, realizarán una vigilancia dinámica para resguardar el orden y disuadir cualquier intento de fuga”.También se advierte que los elementos deberían de mantener siempre un trato cordial y amable con las personas “entendiendo que el trabajo realizado es de ‘servicio’ y atención”.El servicio, se indica en la página 7, se deberá realizar con la misma calidad y profesionalismo las 24 horas del día.Migración justificó la entrega del contrato millonario por adjudicación directa, es decir, sin licitación pública. También, tanto la empresa como Migración acordaron que la información que se intercambiara del contrato se trataría de manera “confidencial” y no podrían difundirse a terceros.El Universal CT
