En México, la reforma judicial propuesta por el gobierno generó un debate de gran envergadura que afecta el panorama político interno y plantea serias preocupaciones a nivel internacional. Anunciada el 5 de febrero, esta reforma busca modificar sustancialmente el funcionamiento del sistema judicial del país, incluyendo la eliminación de organismos autónomos clave, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Dicho movimiento fue interpretado como una amenaza para los principios democráticos y los compromisos internacionales de México, en particular para los acuerdos comerciales y de cooperación con Estados Unidos, Canadá y Europa. A medida la reforma se aproxima a su votación final, las implicaciones para las relaciones internacionales y la estabilidad económica del país se vuelven cada vez más evidentes.Según el Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas (IMEF), la reforma judicial se someterá a votación a principios de septiembre, y la eliminación de organismos autónomos podría tener consecuencias serias para los acuerdos internacionales de México. En particular, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece en su capítulo de telecomunicaciones la necesidad de mantener un órgano regulador independiente. Disolver el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) generó inquietud, y podría contravenir los artículos 18.6 y 18.17 del Tratado, y doce organizaciones empresariales estadounidenses expresaron su preocupación por estas posibles violaciones. Además, el tratado con Europa incluye una "cláusula democrática", obligando a los países a respetar y promover principios democráticos y derechos humanos fundamentales. Además, la eliminación de los órganos autónomos en México podría contradecir estos compromisos y afectar las relaciones con la Unión Europea. A pesar de estas advertencias, la reforma judicial y la eliminación de órganos autónomos avanzan en el Congreso. El embajador estadounidense, Ken Salazar, señaló que los cambios propuestos pueden dañar las relaciones entre México y Estados Unidos, especialmente la elección directa de jueces y magistrados.Por su parte, el embajador canadiense, Graeme Clark, manifestó la preocupación de los inversionistas canadienses respecto a la reforma. El presidente López Obrador respondió inicialmente que estos asuntos eran de competencia exclusiva de México y posteriormente decidió pausar las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. Dicha decisión fue reportada por The New York Times bajo el título: "México pone en pausa la relación diplomática con EU por críticas a su propuesta judicial".Las cámaras de comercio de Canadá y Estados Unidos también se sumaron a las críticas, destacando la certeza jurídica y la transparencia judicial son fundamentales para una integración económica efectiva. The Wall Street Journal y otros medios internacionales cubrieron extensamente las reformas, advirtiendo que podrían violar el acuerdo comercial y tener un impacto negativo en la economía mexicana. Ante ello, el IMEF señaló que la reforma podría tener implicaciones severas para la inversión extranjera. Citibanamex y Morgan Stanley alertaron sobre la posible reacción negativa de los inversionistas, mientras que Bank of America Global advirtió que los próximos 90 días podrían definir la próxima década para México. Franklin Templeton y otras instituciones financieras también expresaron su preocupación por la posible pérdida del grado de inversión de México.Por otra parte, en una reciente conferencia, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, incluyó en su informe trimestral el impacto de la pausa en las relaciones diplomáticas en la actividad económica. La Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco de México anticipó un deterioro en el clima de negocios y una menor disposición para invertir.FS
