Por Lourdes ChávezA los 17 años, la hija adolescente de una familia de jornaleros agrícolas de Metlatónoc, municipio de Guerrero, fue casada en la tradición del pueblo tu’un savi con un joven de 21, de Cochoapa El Grande.Hubo cuatro visitas de embajadores de la comunidad del novio. La familia de la novia los recibió para establecer un acuerdo por la unión matrimonial. En este caso, la mamá de la niña no aceptó dinero, como es costumbre, sólo pidió el pago del festejo que duró dos días a partir de la firma del acta de la comisaría de Yucunduta, el 17 de agosto de 2021.Un mes después, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan intervino para evitar que la adolescente fuera detenida en el ayuntamiento de Cochoapa, pues la familia del novio exigió la devolución de 160 mil pesos, tras la separación de la pareja.En este ayuntamiento son frecuentes las detenciones de mujeres que se separan de sus parejas mientras su familia reúne el dinero que va a devolver. En las comisarías municipales, incluso la policía del Sistema Regional de Seguridad y Justicia Comunitaria las arresta, asegura la defensora de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, quien documentó este y otros casos.“Como es una costumbre, los hombres deben tener dinero para poder ir a pedir a otra mujer”, expresa Arias en entrevista sobre la devolución del monto monetario que piden al separarse.Defensores de los derechos de las mujeres tratan de evitar que haya devoluciones de dinero para reducir estas prácticas. Pero el temor a la brujería lleva a las familias a devolver todo o parte de la suma acordada, que normalmente se usa en el pago de grupos de música, en la bebida y la comida de la boda.“Hasta nos da miedo cuando nos dicen, ‘te van a hacer brujería a ti porque andas queriendo ayudar'”, admite Neil Arias sobre los usos y costumbres en Guerrero.Activistas contra la violencia de género lamentan que en las regiones de La Montaña y la Costa Chica, el nacimiento de una niña es sinónimo de que su familia puede acordar un matrimonio forzado. La cuantía de la remuneración es mayor mientras más pequeña sea ella; y suele haber matrimonios incluso de 12 años en adelante.“Imagínate que no decides porque no estás en edad y, entonces, toman esa decisión por ti y te casas con la persona que tu papá dice”, señala Valeriana Nicolás Benito, coorfdinadora de la Casa de la Mujer Indígena Manos Unidas (Cami) con sede en el municipio de Ometepec, y añade que las madres normalmente no tienen el poder de intervenir en esta determinación.La coordinadora precisa que, por seguridad, la Cami no interviene en conflictos de restitución del dinero de matrimonios forzados. Su labor es la sensibilización y la toma de conciencia, pues realiza talleres para comisarías, algunos en coordinación con las instituciones del estado.“Cuando vas a las comunidades te das cuenta de muchas cosas. En este siglo las mujeres todavía no deciden por sí mismas, son los padres los que casan a niñas con personas mayores de edad, como algo común sin que nadie diga nada. El derecho a decidir (de las mujeres) no es un tema que les compete, es cuestión del hombre que tenga nueve u ocho hijos. Para ellos el rol de su mujer es casarse, procrear, cuidar su casa y estar al pendiente de su marido”, explica.Los límites de las autoridadesValeriana Nicolás Benito reconoce que los esfuerzos para cambiar esta mentalidad desde la sociedad civil y, particularmente de las instituciones, han quedado cortos. México prohibe el matrimonio infantil; con la aprobación de dos reformas por parte de Baja California en julio de 2020, la única entidad que faltaba, los 32 estados establecen los 18 años como la edad mínima para casarse. Sin embargo, en Guerrero las uniones forzadas no pasan por el registro civil, sino que se realizan en las comunidades.La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Cecilia Narciso Gaytán, menciona que los matrimonios forzados e infantiles son una problemática social sobre todo en La Montaña y la Costa Chica de Guerrero.“Atentan contra los derechos de las mujeres y las niñas, que de alguna manera son obligadas a casarse con niños de su misma edad o con personas mayores”, afirma.La CEDH, como la legislación, también enfrenta complicaciones para intervenir en estas uniones forzadas. “Es un asunto entre particulares y la Comisión no tiene competencia para atenderlos. Eso no quiere decir que sea omisa ante los hechos que nos pongan en conocimiento. En específico, en temas de mujeres, niñas, se da asesoría jurídica, acompañamiento, si corresponde a matrimonios infantiles, se basa en materia civil”, asegura.Aunque no tienen una estadística, personal de la CEDH está visitando localidades para dar seguimiento a los matrimonios infantiles que le reportan. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) realizada en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sostiene que en México 4.45 por ciento de las adolescentes entre los 12 y los 17 años se ven afectadas por estas uniones forzadas.“Estadística formal (de matrimonios forzados) no hay. Estamos acercándonos, visitando localidades. El fin de semana estuvimos en Cochoapa, primeramente para acercarnos a la autoridad, después con las mujeres que fueron casadas a temprana edad por los usos y costumbres. La reunión permitió manifestar nuestra preocupación, que la comisión está cerca para dar capacitación, no sólo a temas de mujeres, también que los hombres sepan sus derechos y de alguna manera erradicar este tipo de prácticas”, dice.El 29 de junio, la CEDH suscribió convenio de colaboración con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) Guerrero, para realizar acciones conjuntas, encaminadas a la erradicación del matrimonio infantil.“Lo que se ha hecho con el DIF, se ha trabajado en la capacitación a ciertos sectores de los servidores públicos para entender la problemática. Debemos tener herramientas para hacer empatía particular con las mujeres, para que no se sientan solas, que sientan que estamos ahí para transitar al respeto de los derechos humanos elementales”, refiere.En ese sentido, desde 2017, el Código Civil de Guerrero establece los 18 años como la edad a partir de la cual está permitido contraer matrimonio. Este marco jurídico local está respaldado a nivel nacional e internacional.“El matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una violación a los derechos humanos de la niñez y son consideradas por el Sistema de Naciones Unidas como prácticas nocivas que afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas en particular, impacta su desarrollo futuro y el de sus familias, e incrementa la discriminación y la violencia contra ellas”, sostienen en un comunicado las agencias de la ONU. Erradicar esta práctica también es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).Usos y costumbres guerrerensesJerónimo Gálvez Vélez, antropólogo me’phaa originario del municipio de Tlacoapa, explica que el matrimonio en la cultura indígena se concibe de tres tipos: civil, religioso y cultural.El matrimonio arreglado se mantuvo entre los me’phaa de Tlacoapa en los sesenta y los setenta. Eran los papás los que hacían el acuerdo y, por el respeto a las personas mayores, las hijas e hijos no podían desobedecer.Se buscaba a un embajador con prestigio en la comunidad para tratar con la familia de la novia. En cada visita les llevaba alimentos y bebidas para hacer el acuerdo. En los últimos años, el antropólogo detecta que predominan los matrimonios de personas entre 14, 15 y 17 años, y “aun así no han tenido repercusiones con autoridades municipales”, a pesar de que quienes se casan todavía no tienen 18 años, la edad mínima permitida por ley para contraer nupcias.Pero los usos y costumbres también son criticados por quienes forman parte de estos grupos indígenas. Un ejemplo es la activista desde la década de los noventa, Hermelinda Tiburcio Cayetano. 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