El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tendrá como prioridad atacar las estructuras financieras de la delincuencia organizada en materia de lavado de dinero, con el objetivo de que las denuncias que integre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se traduzcan en acciones penales y menos impunidad, aseguró Santiago Nieto, propuesto para ocupar la titularidad de esa Unidad. En entrevista con El Financiero Bloomberg, Nieto señaló que la próxima semana tendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del proceso de transición. La reunión con Hacienda será para que les proporcione información y así poder hacer un diagnóstico “real” antes del primero de diciembre sobre el impacto de los temas de lavado de dinero en todos los frentes, detalló. “Creo que es muy importante revisar el cúmulo de facultades de la UIF para efecto de asegurar bienes, decomisar y sobre todo empezar a atacar las estructuras financieras de todo los movimientos ilícitos que se dan en el ámbito de financiamiento”, expuso. “Hay varios problemas en el tema de congelamiento de cuentas, que es uno de los temas principales que tiene la Unidad y donde hay una resolución de la corte declarando la inconstitucionalidad de estos procedimientos”, señaló Nieto. Tras reunirse con las autoridades de Hacienda, comenzarán a revisar los casos que hay en la UIF y, a petición de López Obrador, a partir del 1 de diciembre se iniciará un proceso de revisión de todas las denuncias y los procesos de investigación que permitan detectar las estrategias de lavado de dinero, reveló. “Hay que entender que la delincuencia organizada en sí es una metodología para la comisión de conductas delictivas y que el lavado de dinero en este caso puede darse en muy diversos frentes”, afirmó.Sin venganzas, en caso Odebrecth En el caso Odebrecht, empresa brasileña vinculada con una red de sobornos que implicó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sostuvo que desde su nuevo cargo no actuará en venganza contra ningún funcionario o exfuncionario, por lo que si hay algo que perseguir se hará por justicia. “Si el señor Lozoya es responsable, se tendrá que ejercer acción penal contra él, o responsabilidad administrativa, inhabilitación o investigación; si no es responsable, no, pero lo que nosotros estamos planteando es que no vamos a desatar una cacería de brujas, pero no vamos a dejar bajo ninguna circunstancia que quede en la impunidad”, sostuvo. Nieto indicó que la UIF tiene una finalidad legal y esa es investigar todos los delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita para efecto de que haya consecuencias en el ámbito de las responsabilidades penales, por lo que se trabajará en generar insumos para la PGR y después la Fiscalía General. El extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) dijo que su objetivo al frente de la UIF es coordinar varias áreas del Estado, para efecto de que la estrategia de combate al blanqueamiento de capitales no se quede en un análisis de inteligencia financiera en las gavetas o en los archivos, se trata de que se ejerza acción penal. “La procuración de justicia, y aquí es donde entra esta coordinación del INE, la UIF, las áreas de la Auditoría Superior y la Fiscalía General, para impartir justicia y ejecutar las penas. El modelo tiene que partir de una política criminal del Estado encausada a poder combatir la corrupción”, aseguró.En los últimos años creció el reporte de operaciones inusuales presuntamente relacionadas con lavado de dinero; sin embargo, son pocas las denuncias que ha hecho la autoridad a partir de las miles de “alertas” que recibió de un probable blanqueo de recursos. En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se registraron 764 mil 905 reportes de operaciones inusuales presuntamente relacionadas con lavado de dinero en determinadas operaciones, un aumento de 171 por ciento respecto de la administración anterior, indican datos a junio de 2018 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, la Unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sólo ha hecho 548 denuncias a partir de esos reportes, lo que representa 0.7 por ciento. En el sexenio anterior, el del presidente Felipe Calderón, se registraron un total de 281 mil 932 reportes de operaciones inusuales y sólo 232 terminaron en denuncias, lo que representó 0.8 por ciento, de acuerdo con datos de la UIF.
