El cumplimiento de la ley no puede ser materia de negociación, ni las autoridades deben de condicionar su actuación al grado de violencia que pueda tener o que tenga como respuesta de aquel al que se le intenta aplicar, explicó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González.De ocurrir lo anterior, dijo, solo representa un mayor incentivo para que los delincuentes se fortalezcan, que continúe la impunidad y que se perpetúe la violencia del País.“El que el Estado busque la conciliación y la pacificación en el país no implica que se claudique ante quien opte por el recurso de ejercer la fuerza y se abandone a los servidores públicos públicos encargados de hacer valer la ley y defender a las instituciones”, explicó. Durante su discurso en la inauguración del Foro Nacional de Causa en Común, Sumemos Causas.El ombudsman nacional dijo también que el combate al crimen organizado no es una cuestión que deba atender a cuestiones políticas o ideológicas, sino que es una necesidad que requiere la participación y articulación efectiva de las distintas instancias y órdenes de de gobierno, mediante la suma de esfuerzos, capacidades y recursos.Explicó también que si bien las policías deben hacer cumplir la ley y respetar los derechos humanos, también sus derechos son violados cuando no se les capacita lo suficiente y se les manda a actuar en operativos mal planeados “abandonando a su suerte a los elementos involucrados”.“En Culiacán, más allá de la pertinencia que pudieran tener las decisiones que se tomaron con el objetivo de evitar un número mayor de vidas, la ya reconocida improvisación y mala planeación del operativo tuvo un alto costo, cuyo precio más alto lo pagó la sociedad, los agentes policiacos y elementos de las fuerzas armadas que tuvieron que hacer frente a una situación que, de haberse previsto y planeado, probablemente hubiera arrojado un resultado distinto”, dijo.Él ombudsman añadió que se solicitará que se realicen las investigaciones correspondientes para garantizar la reparación del daño y la no repetición de lo ocurrido.Por último, dijo que si bien no se realizó una queja de oficio por parte de la Comisión (y que este día se reunirá un equipo de trabajo para considerar si es necesaria o no) la CNDH recibió una queja vía electrónica, por lo cual se buscará contactarlo para que la ratifique y se de el seguimiento adecuado para darle respuesta, con lo cual, si resulta necesario emitir medidas cautelares, se hará.María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, dijo por su parte que lo ocurrido el jueves pasado en Culiacán representa la preocupación de que la fuerza legítima del Estado no es caer en una “tentación” como comúnmente se piensa y por el contrario, pone el hecho en el centro de la discusión sobre la seguridad en general y sobre el tipo de País que tenemos y el que queremos.“No tenemos claro qué rumbo es el que nos proponen. Por un lado la militarización sin desarrollo policial; por otro instrucciones de no enfrentar a la criminalidad. Por un lado, más prisión automática y por otro liberación de jefes del crimen organizado. Da la impresión de que lo que vemos es una serie de ocurrencias que al final deriva en márgenes de discrecionalidad, cuando lo que urge es certidumbre, y definiciones y reglas claras acordes con nuestras leyes”, expresó.Por último, la presidenta exhortó a las autoridades para que asuman plenamente sus responsabilidades frente al alza de la violencia y del crimen organizado en el País, pues de hacerlo contará con todo el apoyo de las organizaciones civiles y de la sociedad mexicana.NM
