"Así como es vital entender la historia del petróleo para comprender las continuidades y rupturas de la relación bilateral, así es importante conocer la historia de la amapola".Con esta frase el profesor Carlos Pérez Ricard, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) resaltaba el valor de analizar las implicaciones de las políticas antidrogas entre México y Estados Unidos a partir del cultivo de la amapola.Junto con otros expertos, Pérez Ricard participó en el foro "Cultivo de amapola en México y la cooperación en seguridad con Estados Unidos" organizado por Periódicos Asociados en Red y la Universidad de California en San Diego.Actualmente, unos 59 municipios de las serranías de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit y Guerrero concentran la mayor producción de amapola en México, sin embargo Romain Le Cour, candidato a doctorado en ciencia política por la Universidad de la Sorbona, advierte que los datos oficiales no son confiables: "Los datos del Ejército no nos dicen nada de la producción".Pese a esto se sabe que en las regiones de mayor producción "se requiere de la actividad de gran parte de la familia, el 90 o 95% de la población tiene alguna participación directa o indirecta con el cultivo"."La economía que rodea a la flor conecta a estas montañas con las ciudades, conecta a las ciudades con las fronteras, conecta México a Estados Unidos", explica Le Cour.Para Vanda Felbab Brown Brookings, colaboradora del Brookings Institution "la erradicación funciona cuando el gobierno tiene presencia en las áreas donde se puede cultivar... pero no podemos hablar de esto como una política de largo plazo sustentable. Es una posición contraria a la defensa de los derechos humanos".Al respecto, Carlos Pérez Ricard asegura que desde que se inició el combate a la producción de opioides en México tenían un fin político: "Las campañas de erradicación eran una política central que tenía dos ventajas: mantener al Ejército ocupado y mantener a los gobernadores acotados".Al respecto de un posible escenario de la regularización de la amapola, como ha dejado entrever recientemente el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Cecilia Farfán, doctora en ciencia política en la Universidad de California en Santa Barbara, refiere que esto dispararía las desigualdades entre las comunidades que producen la base del opioide."Si mañana despertáramos en un México donde la amapola es legal, no todos estarían en las mismas condiciones de aprovechar esta legalización", reitera Farfán.En el foro titulado "Cultivo de amapola en México y la cooperación en seguridad con Estados Unidos" también participaron Maureen Meyer, vicepresidenta de programas WOLA y Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE y colaboradora de El Universal. La grabación completa del conversatorio está disponible aquí.
