La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que por violentar los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal, mediante la detención arbitraria y actos de tortura contra dos personas, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) deben reparar el daño ocasionado a las víctimas y que presentará una denuncia contra los servidores públicos involucrados.A través de la recomendación 7/2019, la CNDH determinó que el 21 de abril de 2014, cinco elementos de la Policía Federal (PF) detuvieron arbitrariamente a dos personas, un hombre y una mujer, en Acapulco, Guerrero, los retuvieron ilegalmente y cometieron actos de tortura en contra del hombre.Además, que el agente del ministerio público federal de la entonces Procuraduría General de la República violó el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en agravio de una de las víctimas por dilación, negligencia y carencia de profesionalismo al no investigar ni recabar información sustantiva para el esclarecimiento de los actos de tortura cometidos por los servidores públicos.De acuerdo con la recomendación publicada en la página electrónica de la CNDH y que ha sido notificada a los titulares de SSPC, Alfonso Durazo y FGR, Alejandro Gertz Manero; al momento de la detención, los policías federales se identificaron como elementos de la "Interpol" y subieron a los quejosos en una camioneta donde fueron golpeados, amenazados y trasladados a un inmueble en donde fueron interrogados.Al hombre lo torturaron física y psicológicamente para acusarlo por delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y a la mujer la golpearon y amenazaron con abusar sexualmente de ella."Los policías no se apegaron a los principios de seguridad jurídica y legalidad en la detención de las dos personas, al carecer de orden de aprehensión, ni encontrarse acreditada la flagrancia o caso urgente; además, omitieron poner a las víctimas de manera inmediata a disposición de la autoridad ministerial para definir su situación jurídica; 21 horas después de su detención sólo la persona del sexo masculino fue presentada ante la SEIDO en la Ciudad de México; la persona del sexo femenino estuvo retenida más de 26 horas y fue liberada, lo cual se desprende de las evidencias", indicó la CNDH."Este Organismo Nacional acreditó que los 5 policías vulneraron el derecho a la integridad personal de una de las víctimas, al haber infligido actos de tortura en su agravio, con el fin de intimidarlo y castigarlo para extorsionarlo a cambio de su libertad y la de su novia".Aunque el ministerio público federal inició una averiguación previa por la tortura cometida contra el hombre, la indagatoria no ha arrojado resultados, señaló el organismo que además advirtió que presentará una denuncia en contra de los cinco policías que detuvieron a los quejosos.La CNDH recomendó al titular de la SSPC, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare el daño a los quejosos; se les brinde atención psicológica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; colabore en la integración de la carpeta de investigación que se inicie por la denuncia que el organismo presente en la que también incluirá a otros servidores públicos que por acción u omisión hayan tolerado tales hechos; colabore en la queja que la CNDH promueva ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal contra los elementos de la corporación involucradas y partícipes en los hechos denunciados.También recomendó capacitar a los agentes de la PF en materia de derechos humanos, que le proporcione equipos de video, audio y geolocalización satelital para acreditar que en los operativos que realizan respetan los derechos humanos.Al titular de la FGR recomendó practicar las diligencias necesarias para determinar la indagatoria iniciada por el delito de tortura, colabore con la CNDH en la queja que promueva ante la Visitaduría General de esa Fiscalía General contra el agente del ministerio público que incurrió en negligencia y dilación y capacite al personal ministerial de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura en derechos humanos.IM
