Las plantas productoras de energía que vendió la empresa española Iberdrola a un fideicomiso con participación de dependencias del Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO, están localizadas en siete estados del país.De acuerdo con la información emitida por la administración federal, forman parte de la transacción 12 plantas de ciclo combinado que se encuentran ubicadas en los estados de Baja California, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. También se adquiere una planta de energía eólica, ubicada en Oaxaca.Sostienen que la vida útil remanente promedio de dichas plantas es de más de 18 años, con la posibilidad de extenderse 10 años más, para llegar hasta 28 años.El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseveró que esta transacción no implica aumentar la deuda pública presupuestal, al ser realizada a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que está fuera del balance del sector público.Aunque se anunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será la encargada de la operación de las 13 plantas, aclaran que eso no la compromete financieramente y le permitirá reducir costos. La compra a la empresa española se hizo a través de un vehículo de inversión nacional con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura administrado por Mexico Infrastructure Partners, y financiamiento de la banca.De acuerdo con la información del Gobierno de México, la capacidad de producción de las plantas adquiridas representa una generación de 8,500 megavatios (MW) adicional para el Estado, con lo que presumen alcanzan un porcentaje superior al 55 por ciento, del 39 por ciento actual, y se supera su objetivo de contar con una participación de mercado superior a 54% en la generación eléctrica del país.“Se recupera presencia de mercado en áreas estratégicas, como por ejemplo en la región noreste del país, donde el Estado pasa de generar un porcentaje actual de 7 por ciento a 45%. De igual modo, en la región noroeste el Estado pasa de producir 52% a 92 por ciento, y en la región norte de 20% a 32 por ciento”, subrayó la administración federal en un comunicado.El Gobierno Federal presumió que el acuerdo es el inicio de una nueva etapa en la que el sector privado, incluyendo a Iberdrola, es bienvenido a invertir en el desarrollo de energías renovables en el país, bajo la tutela del Estado.
