Al calificar el “Plan B” de la reforma electoral que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como regresivo e inconstitucional, los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) anunciaron que interpondrán todos los recursos jurídicos al alcance contra esta propuesta, incluyendo acciones de inconstitucionalidad, una vez que sea aprobada por el Congreso de la Unión.Durante la sesión del Consejo General del INE, se presentó un informe sobre el impacto y riesgos de la reforma electoral. Se señaló que está hecha desde el poder y busca beneficiar al Gobierno actual.El documento advierte que se debilita la estructura del INE, lo que pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024; vulnera su autonomía técnica en materia de fiscalización; retrocede con respecto al voto electrónico y modifica plazos que afectan la conformación del padrón electoral.El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que ante la falta de apertura de la mayoría en el Poder Legislativo, “la Corte tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y a la estabilidad política de este país”. El llamado “Plan B” de la reforma electoral pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024 con el adelgazamiento de la estructura del órgano electoral, la reducción de personal y la vulneración de su autonomía e independencia, alertó el Instituto Nacional Electoral (INE) en un análisis interno.El documento, presentado ayer ante el Consejo General del INE, apunta que el proyecto de decreto propone una profunda reestructura orgánica del instituto, tanto de áreas centrales como de sus órganos desconcentrados, que reduce su labor en aras de ahorro y austeridad, sin un análisis previo.Eso advierte que “pone en riesgo severo la organización de elecciones y de mecanismos de participación ciudadana bajo los principios y estándares establecidos, así como de otras actividades sustantivas de carácter permanente que afectan el ejercicio efectivo de derechos fundamentales de naturaleza política, a la identidad e información, entre otros”. El INE expuso que hay riesgo de que no existan los instrumentos de coordinación y colaboración formalizados previo al inicio del proceso electoral concurrente que se efectuará en 2024, lo cual podría derivar en la incertidumbre de la distribución de las tareas a realizar por cada una de las partes e incurrir en retrasos que interfieran en desarrollo de los procesos electorales.Señala además que la reforma no responde a criterios técnicos, sino de “oportunidad política. Los dos decretos de reformas (el que ya se publicó y entró en vigor, así como el que está pendiente de concluir con su proceso legislativo) tendrán repercusiones negativas en el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en nuestro país, pues afectarán aspectos sustanciales para la organización de los comicios, así como también las condiciones de la competencia electoral”.Sostiene que la reforma electoral modifica la naturaleza constitucional de los órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia del INE, lo cual “tergiversa su carácter”.Señala que al Órgano Interno de Control del INE se le adicionan tareas que rebasan de su función constitucional de fiscalizar los ingresos y egresos de la autoridad electoral nacional.Sobre la publicidad oficial, expuso que los cambios inciden en la eficacia de garantías constitucionales dispuestas para generar condiciones de equidad en la contienda y, al mismo tiempo, a fin de procurar un sufragio auténticamente libre.El órgano electoral también subrayó que la eliminación de la sanción de la pérdida del registro es una propuesta regresiva.La modificación, alertó, “podrá afectar algunas medidas que el INE ha implementado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como es la medida 3 de 3 contra la violencia para el registro de candidaturas, dado que se excluiría de la misma la manifestación de no ser persona deudora alimentaria morosa o no estar inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, al tratarse de sanciones distintas a las penales, así como la posibilidad de que una persona no puede ser candidata cuando se desvirtúa su modo honesto de vivir derivado de la comisión de violencia política contra las mujeres”. El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su “Plan B” de reforma electoral esté pensada en “colapsar al INE” o poner en riesgo la organización de las elecciones de 2024, porque sólo busca que se que gasten menos recursos, además de que volvió a arremeter contra los consejeros electorales y de paso con la marcha en defensa del Instituto que se está proyectando.El titular del poder ejecutivo recordó que cuando llegó Presidencia de la República se ejercía un presupuesto de 3 mil 600 millones de pesos, y el año pasado se ejerció 500 millones de pesos.Agrega que “y como dice que le va a pasar a la INE, se va a colapsar, ¿se colapsó la Presidencia?, no. Pero ellos ganaron, se quedaron con ese presupuesto, los partidos también, con muchísimo dinero en vez de 500 diputados propusimos 300, quitar a los pluris, ellos ganaron porque ‘el INE no se toca’ y habrá 500”.Agregó que “ellos (los consejeros del INE) ganaron, porque planteamos que únicamente existiera un Instituto que organizara las elecciones, no 32 (refiriéndose a los institutos estatales). Ganaron porque ‘el INE no se toca’, lo único que se logró es que se reduzcan en sueldo y eso los lleva a presentar una controversia constitucional”.En su tradicional conferencia de prensa matutina, el Mandatario cuestionó la nueva movilización convocada por organizaciones en defensa del Instituto, porque si ellos fueron los que ganaron de qué van a defender al INE.“Me decían que iban a hacer una marcha, ¿no exageran?, solo que usen esa marcha para defender a García Luna, pero ¿qué le van a defender al INE si ganaron, si el INE no se toca? a lo mejor Claudio (X González) y los machuchones están pensando en eso, en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar como excusa que el INE no se toca, ya chole”.El Universal Diputados federales de la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra del llamado “Plan B” de reforma electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.“Estamos a favor de la defensa a nuestras instituciones democráticas que tantos años nos ha costado construir y en contra del autoritarismo del presidente y funcionarios de su partido que con sus intervenciones ilegales realizan actos simulados de comunicación”, señaló el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Romero.Por su parte, Luis E. Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dé trámite a la mayor brevedad a estas acciones de inconstitucionalidad, para que dé un fallo antes de que inicie el proceso electoral 2024. “Tendríamos de aquí al verano de este año, para que quede resuelto”.El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, expuso que durante el proceso legislativo para la aprobación del “Plan B”, se impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de analizar y debatir sobre la iniciativa, su contenido y alcance. "Si avanza el destructivo ‘Plan B’ para que el INE no pueda hacer elecciones auténticas, la pesadilla del autoritarismo podría ser realidad"Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral Los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, reaccionaron al bombardeo de quejas por parte de la oposición ante el INE por actos anticipados de campaña, pinta de bardas, apoyos en redes sociales, a lo cual el canciller respondió “no sé qué quieran sancionar”, mientras que el senador, dijo que la oposición está en su derecho de presentarlas.En breve entrevista en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ebrard fue cuestionado por las 44 quejas que acumulan las llamadas “corcholatas” presidenciales, de las cuales él tiene 15 por actos anticipados de campaña.“Voy a esperar a ver que se resuelve. Hasta ahorita vamos bien, no hemos tenido ninguna sanción y pues yo estoy en mi trabajo, no sé qué quieran sancionar. Yo me dedico a trabajar”, respondió escuetamente.Por su lado, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, consideró que es un derecho que tiene la oposición de presentar quejas, denuncias, recursos de inconformidad sobre actos anticipados de campaña, proselitistas o campañas personalizadas.“A mí no me parece extraño, es el trabajo de la oposición. No tengo por qué descalificar ese recurso que la ley previene y que es el derecho de la oposición de presentarlo. Y que los órganos, tanto del INE, que son administrativos, como del tribunal, que son jurisdiccionales, puedan atender y resolver conforme a derecho todas estas demandas planteadas”.Reconoció que se han presentado denuncias contra los aspirantes presidenciales de Morena en un número importante, pero advirtió que así será en el futuro “porque hay una actividad política fuerte, polarizada, con encono en algunas ocasiones y no nos debe de extrañar que así se irá presentando ese cúmulo de demandas y de quejas”.Agregó que no tiene por qué verse como un desequilibrio, sino que la propia ley concede este tipo de recursos para que quienes se sientan afectados puedan defenderse. CT
