Actualmente, mujeres y niñas indígenas, víctimas de violencia de género de la Montaña de Guerrero, sufren racismo, que persiste en las autoridades encargadas de investigar los delitos y de velar por sus derechos. "Hemos documentado 100 muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes desde el 2004 a octubre de 2021 en los municipios de Tlapa, Ayutla de los Libres, Metlatonoc, Cochoapa el Grande, Alcozauca, Xalpatlahuac, Tlacoapa, Copanatoyac, Malinaltepec, Acatepec, San Luis Acatlán y Olinalá", destacó el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. En Tlapa y en Ayutla de los Libres, cuentan con alerta por violencia de género desde junio del 2017. Del mes de septiembre de 2020 al mes de octubre del 2021 se registraron 26 feminicidios en los municipios de Ayutla de los Libres, Acatepec, San Luis Acatlán, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Tlapa.Del total de casos de feminicidios registrados solo en el 20% de los casos se ha procesado a los responsables y son muy contados los casos donde se han obtenido sentencias condenatorias.Apuntan que en su mayoría son deficientes los procesos penales, a causa de la indolencia y complicidad del órgano investigador que deja la puerta abierta para que los responsables puedan obtener su libertad.Además acusan que por parte de las autoridades competentes las investigaciones por desaparición forzada de mujeres no prosperan, ni se implementan las búsquedas con el pretexto de la pandemia.Las víctimas reciben un trato despótico, sin tomar en cuenta el contexto de violencia que enfrentan ni el temor que las inmoviliza y silencia. Además, se les pone en riesgo al filtrar la información de sus casos a los medios locales.Asimismo, carecen de peritos traductores para apoyar a las mujeres indígenas que son víctimas de la violencia.Todas estas fallas estructurales benefician a los perpetradores y reproducen el ciclo de la violencia.De 2020 a la fecha se registraron seis casos en Guerrero donde las mujeres que son víctimas de violencia se encuentran procesadas y criminalizadas por sus mismos agresores.Señalan que tanto los ministerios públicos como los jueces y magistrados se han coludido con los perpetradores, agilizando las investigaciones contra las mujeres agraviadas.Las autoridades, además, no implementan acciones efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres, y no toman en cuenta la opinión de las mujeres, el contexto comunitario, su cultura y su lengua.CM
