Por Celia GuerreroKaren Reyes había conseguido un segundo empleo luego de que las ventas de su negocio habían caído por la pandemia de COVID-19. Era domingo 29 de noviembre de 2020 y ese día debía ir a trabajar.La mujer de 31 años salió temprano de su domicilio en Ixtapaluca, Estado de México, y su hija Renata Martinely Luna, de 13 años, se quedó dormida. Cerca de ahí viven sus abuelos, así que Karen dejó a su hija, como en otras ocasiones, confiada de que estaría segura.Pero al regresar de su jornada de trabajo, encontró el cuerpo de Renata sobre su cama, con el rostro encintado y signos de violencia física y sexual. “Para mí hay un único y principal sospechoso”, dice Karen en entrevista.Se trata de su expareja, a quien en junio de 2020 había denunciado en la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género por intentar grabar un video de su hija, mientras se bañaba. La niña detectó el celular con el que pretendió grabarla, alertó a su mamá y al día siguiente ambas dejaron la casa en donde vivían con él.“Entregamos el video en un disco como prueba y nada más. Yo le dije: ‘Bueno, licenciada, y ¿qué sigue?’ Y simple y sencillamente me dijo: ‘No se preocupe, nosotros le vamos a dar seguimiento y ya cualquier cosa yo me comunico con usted’. Y ya fue todo”, cuenta Karen de aquella primera alerta que dio a las autoridades.Los funcionarios no volvieron a comunicarse con ella, ni la persona acusada fue citada a declarar. Pasaron cinco meses y Renata fue asesinada. Este 29 de noviembre de 2021 se cumple un año de su feminicidio, que, a la fecha, continúa impune.“Hay otros casos de feminicidio que (la sociedad) juzga porque una no va a denunciar, que se juzgan porque las chicas andaban en la calle, que se juzgan porque venían de una fiesta. Nosotros denunciamos, nos cambiamos de casa, mi hija estaba dormida ¿ahí qué pretexto hay?”, reclama Karen, quien sostiene la sospecha en contra de su expareja por el episodio de abuso y otras amenazas previas.ONU Mujeres califica a la violencia contra las mujeres y las niñas como una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Durante 2020, año del asesinato de Renata, México rompió récord de feminicidios de niñas y adolescentes: la cifra llegó a 115.“Estos casos que ha habido de niñas que han sido asesinadas de manera brutal, todas ellas tenían una violencia sistemática, no era la primera vez que sufrían algún tipo de violencia”, señala Yuritzi Castañeda, directora general de prevención y atención a la violencia de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México.El caso de Renata fue uno de los 22 que sucedieron en el Estado de México, que en 2020 representaron cerca de 20% del total nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).“El primer año de este resguardo por pandemia, el feminicidio de niñas y mujeres adolescentes se incrementó brutalmente y durante 2021 la dinámica no cesó, se mantuvo. Este es uno de los efectos adversos del resguardo”, considera Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).En México, los feminicidios de niñas y adolescentes de 0 a 17 años han incrementado año con año desde 2015, hasta llegar a sumar el total de 542 a septiembre de 2021, según el SESNSP.Ramírez habla de un incremento durante el resguardo por la pandemia debido a las características en los feminicidios infantiles detectadas por Redim: la mayoría de ellos suelen suceder a manos de varones, mayores de edad, que son familiares o personas cercanas a las víctimas. Considera que la convivencia en los domicilios durante el confinamiento pudo haber disparado los feminicidios infantiles en 2020.En la detección de estas características del feminicidio infantil coincide María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). “Las niñas viven en un contexto de violencia, que muchas veces ya fue denunciado y la autoridad no actúa para protegerlas”, añade.Aunque la problemática aumenta anualmente desde hace casi seis años, comenzó a señalarse hasta hace muy poco a través del término “feminicidio infantil”, que permite destacar aquellos casos donde las víctimas son mujeres menores de edad.“No es que sea un nuevo tipo (penal) pero es una aproximación distinta que nos ayudaría a entender la gravedad de la problemática. Una suerte de mezcla entre el feminicidio y el infanticidio”, explica Ramírez, directora de la Redim.En algunos estados el hecho de que la víctima sea menor de edad puede considerarse una agravante de feminicidio, aunque esto depende del código penal de cada entidad. Sin embargo, las autoridades no siempre tipifican este delito como feminicidio y puede que haya o no agravantes en caso de minoría de edad: “Prefieren llevarse esos casos a otras figuras jurídicas a tipificarlos como feminicidio”, sostiene Ana Yeli Garrido, abogada, directora de la organización Justicia Pro Persona.“Puede haber autoridades que no conciben los asesinatos de niñas como feminicidio. Ahí hay que decirles: las niñas también son mujeres. Hay una resistencia para acreditar el tipo penal en general y con las niñas ocurre al no considerarlas dentro de la categoría de mujer”, añade Garrido.Entonces, la invisibilización del feminicidio infantil conlleva a lo que Tania Ramírez, activista por los derechos de las infancias, llama “adultocentrismo institucionalizado”. Esta mirada adultocéntrica ocasiona que a las niñas, niños y adolescentes no se les reconozca como sujetos de derechos.Por ello, Yuritzi Castañeda, directora general de prevención y atención a la violencia, invita a que los feminicidios infantiles y otras violencias previas se miren desde la “interseccionalidad”. “Sí, se tiene que ver como una violencia de género, pero se tiene que ver como una violencia específica que sufren las niñas por la cuestión de su edad y desde estas distintas aristas para que se pueda atender de manera correcta, porque obviamente las acciones que sirven para atender a las mujeres adultas que sufren violencia de género no son las mismas que sirven para atender a las niñas y adolescentes”.Cuando se trata de violencia de género, la funcionaria dice que la Secretaría de las Mujeres trabaja en la prevención y la atención de menores de edad cuando son hijos de mujeres víctimas de violencia. Pero también existe la Procuraduría de defensa de niñas, niños y adolescentes: “Tienen personal especializado con perspectiva de infancias que nos permite darle una mejor atención a los casos de niñas, niños y adolescentes de cualquier tipo de violencia que pueda existir, ya sea de sus papás o de cualquier persona. Sobre todo lo que hace la procuraduría es absorber este ejercicio de representación legal para garantizar sus derechos”.Por su parte, Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, menciona que “poner fin a la violencia contra las niñas y adolescentes requiere de políticas integrales que coloquen sus derechos en el centro de la agenda pública, lo que ha de incluir fortalecer la capacidad de las instituciones para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia feminicida; mejorar las investigaciones con enfoque de género a través de la recolección, análisis y difusión de datos; asegurar que todas las formas de violencia contra las niñas y adolescentes estén penalizadas y que se garantice su derecho de acceso a la justicia”.Sanz añade que, desde la Iniciativa Spotlight —alianza entre la ONU, el Gobierno de México, la Unión Europea, sociedad civil y el sector privado—, “una de las prioridades ha sido fortalecer la legislación en materia de feminicidio infantil y de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, no solo desde la perspectiva penal, sino de forma integral".JM
