La disponibilidad de alimentos no saludables en las escuelas ha sido un tema de preocupación durante años. Para abordar este problema, el gobierno federal prohibirá la venta y publicidad de alimentos y bebidas con azúcar, sal y alto contenido calórico o con grasa en las escuelas del país de todos los nivelesEsta decisión busca promover hábitos alimenticios saludables entre los estudiantes y reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la nutrición, como la obesidad y la diabetes. Los alimentos que ya no podrá venderse serán: chilaquiles, quesadillas, tacos, tacos de canasta, tacos dorados; además de botanas, frituras, cacahuates, pastelitos, galletas, donas, dulces, chocolates, gomitas, chicles, leche y yogurt de sabor, gelatinas, flanes, helados, nieves, paletas de hielo, cereales de caja, bebidas de sabor, bebidas para deportistas, jugos y néctares, entre otros. Así como todos los productos que se preparen con alimentos o bebidas que tengan etiquetado frontal de advertencia como son: pizzas, hotdog, hamburguesas, banderillas; preparaciones con embutidos como salchichas, chorizo, longaniza, salami; postres caseros, entre otros alimentos.Se propone vender leche descremada, frutas, verduras, cereales integrales, como amaranto y avena sin azúcar, leguminosas, o alimento de origen animal. Cuando se trata de preparaciones de alimentos y bebidas no alcohólicas "no se deberá añadir azúcar o sal", ello incluye regulación para cooperativas, comedores, máquinas expendedoras o negocios que vendan a los estudiantes. Para representantes de organizaciones de comerciantes, agrupaciones de tiendas, proveedores, entre otros lo anterior significará una prohibición y un incremento de precios, toda vez que no se podrán utilizar productos con sellos. Además de que reclaman que las secretarías de Educación Pública y de Salud piden se someta a consulta esta decisión solamente por un día, en lugar de los 20 que se dan por ley. El gobierno afirmó que los lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación y la distribución y expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, dentro de todos los niveles escolares, no afectan los derechos de los sujetos regulados por lo que solicitaron "la reducción del plazo de consulta pública a un día". El anteproyecto de lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, distribución y expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación, dentro de toda escuela del Sistema Educativo Nacional, está en manos de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), la cual deberá de atender los comentarios de los interesados, para luego aprobarlo y posteriormente publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Cuando entre en vigor las escuelas de todos los niveles tendrán 180 días, seis meses, para ajustar sus menús, según lo establecido en el anteproyecto. Entre los comentarios que ya externaron los particulares a la Conamer está el que se cuestiona como se prohibirán alimentos en las escuelas de nivel superior donde estudian mayores de 18 años.La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se quejó de que el documento de anteproyecto “ingresó clasificado erróneamente por la SEP dado que la naturaleza de lo que regula incide sobre el total de escuelas de nivel básico, medio superior y superior”, que hacen un total de 258 mil 193 planteles con una matrícula de 33 millones de estudiantes, por lo que piden que la consulta pública se haga en 20 días y no en un día.En tanto que, sobre los lineamientos afirman que el anteproyecto no articula una “política real de capacitación gratuita a todo el personal”, por lo que piden modificarlo, así como considerar que las acciones que se proponen tendrán costos monetarios para las escuelas y empleados.Por su parte, la Cámara Nacional del Maíz Industrializado aseguró que la propuesta “carece de un análisis de costos y beneficios completo, ya que no estima todos los costos de cumplimiento que pretende implementar esta propuesta regulatoria”.Además de que “no promueve la coherencia de políticas públicas, ya que no existe una disposición en ley que prohíba alimentos y bebidas en centros escolares”.FP
