Castigar los actos de corrupción y revalorar el servicio público son dos medidas alternativas a la propuesta de prohibición, por 10 años, a los funcionarios públicos para emplearse en la iniciativa privada luego de trabajar en el Gobierno, consideraron las cúpulas empresariales de Jalisco.Estos organismos también señalaron que la iniciativa del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, añadida a la Ley Federal de Austeridad Republicana, afecta el derecho a la libre elección al trabajo.“No puedes pedirle ni exigirle a nadie que se dedique a una profesión lícita una vez cumplidas sus funciones en otra”, consideró Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ). “Mientras te quieras dedicar a cualquier trabajo u oficio, siempre y cuando sea lícito, no se te puede impedir ejercerlo”.Mauro Garza Marín, presidente de Coparmex Jalisco, manifestó que la propuesta del Mandatario podría afectar negativamente a funcionarios que han sido despedidos durante los dos primeros meses del actual Gobierno federal, quienes no encontrarían un puesto laboral a pesar de ejercer sus funciones con honestidad y buen desempeño.“Funcionarios que trabajaban en el Banco de México, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que con estas reducciones de sueldo y con esta nueva orientación decidieron salir de sus funciones o algunos funcionarios que fueron despedidos sin mayor investigación, si el día de mañana no pueden trabajar, ¿qué van a hacer?”, preguntó Garza.Aunque señaló que López Obrador tiene “motivos fundados” para proponer la veda de 10 años, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendáin, consideró que “el verdadero problema es la falta de un servicio civil de carrera, con servidores públicos que no han hecho un buen trabajo por enfocarse en escalar políticamente” y no en rendir cuentas.El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se buscará por ley que los funcionarios no puedan pasar de un cargo público a la iniciativa privada relacionada con un área con su encargo en el servicio público, sino hasta después de 10 años, tras finalizar su encomienda.Con ello, dijo, se busca que no sucedan casos como el que ocurrió con el ex Presidente, Ernesto Zedillo, quien estuvo trabajando como consejero en bancos que incluso fueron rescatados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).Puntualizó: “Lo mismo se va a hacer con los funcionarios públicos que terminaban su desempeño en un cargo, que luego pasan, chapulines, chapulines fifís, brincan, chapulines conservadores a trabajar en las empresas relacionadas con ellos, con el desempeño que tenían”.NOTIMEX
