Durante 2019, a través del fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), se aplicaron al Insabi 10 millones 667 mil 828 pesos, de los cuales no se acreditó su aplicación en un mecanismo ágil y transparente. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que no se acreditó la aplicación de recursos para apoyar económicamente a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que padecieron enfermedades que implicaron gastos catastróficos."Se identificaron deficiencias en el diseño de las reglas de operación del fideicomiso, así como en los datos contenidos en los sistemas informáticos del Insabi referentes a las intervenciones validadas, autorizadas y pagadas, la carencia de indicadores y parámetros para valorar la oportunidad con que se financiaron las intervenciones y la falta de vigilancia del cumplimiento de los fines del fideicomiso y de los recursos fideicomitidos".En el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, la ASF detalló que de los más de 10.6 millones de pesos aplicados, más de 5.5 millones se otorgaron con cargo al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para cubrir el pago a las unidades hospitalarias, de 66 mil 417 intervenciones que solicitaron los pacientes con VIH beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.Además se aplicaron 1.4 millones de pesos para el desarrollo de 30 proyectos de infraestructura de alta especialidad y de nuevas tecnologías, y los otros 3.6 millones de pesos, por medio del Fondo de Previsión Presupuestal, para cubrir el pago de 76 proyectos de infraestructura de atención primaria y especialidades básicas.La ASF resaltó que las recomendaciones al Insabi, como causahabiente de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se orientan a fortalecer el diseño y operación del Fondo de Salud para el Bienestar, así como a establecer sistemas de información, para la aplicación eficaz y eficiente de los recursos para financiar la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos; la atención de las necesidades de infraestructura, preferentemente, en las entidades federativas con mayor marginación social y complementar los recursos económicos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como para evaluar el cumplimiento de los fines del fideicomiso.JM
