El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional por el recorte al presupuesto de egresos asignado para 2019 que implicó la eliminación de 14 proyectos, así como por la aplicación de la Ley federal de remuneraciones de los servidores públicos que significó el ajuste salarial a directivos del organismo autónomo.En un comunicado, el Instituto explica que el establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica, así como la reducción del monto total de su presupuesto en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone dicha reducción, impide al Inegi ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica como ya se ha informado.Asimismo, se advierte en el comunicado que se establece la demanda contra la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 constitucional y la aprobación de los tabuladores para el personal del Inegi en el Presupuesto de Egresos 2019, porque adolecen de definiciones que brinden certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones de los servidores públicos del Inegi, en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica.El instituto explica que la interposición de la demanda de controversia constitucional tiene el propósito de salvaguardar la autonomía otorgada al Inegi, para estar en condiciones de cumplir con el mandato de la Carta Magna de nuestro país.En este sentido, el Inegi advierte que busca garantizar el ejercicio eficaz y oportuno de las facultades otorgadas y derivadas de su autonomía presupuestal, razón por la cual se llegó a la decisión de promover ante la SCJN la demanda de controversia constitucional, con el fin de que ese Máximo Tribunal garante de la Constitución delimite el ámbito de aplicación de las normas y actos mencionados, con relación a la autonomía de este Instituto.Finalmente el Inegi avala y reconoce la voluntad del Gobierno Federal, así como de la Cámara de Diputados, de aplicar una política de austeridad y disciplina en el gasto público que permita un mejor uso de los recursos públicos, principios que están vigentes en el actuar cotidiano de este Instituto. El Inegi dice también que es respetuoso del marco constitucional y de las disposiciones legales vigentes. En consecuencia, está aplicando lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y acatará la determinación que en su momento emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación.GC
