En agosto pasado, policías y militares rescataron a 23 migrantes (22 centroamericanos y un sudamericano) que fueron secuestrados en Chiapas y detuvieron a tres presuntos plagiarios. Los viajeros estaban hacinados en un inmueble del municipio de San Juan Chamula. Entre ellos había ocho menores de edad.De acuerdo con las autoridades estatales, los traficantes interceptaron a los extranjeros en la frontera Sur y les prometieron trasladarlos por el territorio mexicano a cambio de 15 mil pesos.Sin embargo, en vez de llevarlos a Puebla, como les prometieron, se desviaron y los encerraron. Pretendían cobrar un rescate a sus familiares, quienes estaban en Centroamérica y en Estados Unidos (EU).En lo que va de este año, 88 menores centroamericanos regularizaron su situación migratoria luego de que fueron víctimas del delito durante su paso por la República Mexicana.Como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, el Instituto Nacional de Migración (INM) indicó que de los afectados, provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, 43 fueron víctimas de tráfico de personas, 26 de secuestro y 14 de robo.Otros ilícitos reportados son extorsión, asalto, violación y privación ilegal de la libertad.Según el sitio de internet de la dependencia, los indocumentados pueden regularizar su situación migratoria, en la condición de estancia de visitante por razones humanitarias si son identificados por el Gobierno como víctimas o testigos de algún delito grave cometido en territorio nacional; si son niños o adolescentes que se encuentren sujetos a un procedimiento de sustracción y restitución internacional, o si su grado de vulnerabilidad dificulte o haga imposible su deportación o retorno asistido.Entre enero y octubre de este año, 25 mil 534 menores centroamericanos fueron presentados ante las autoridades migratorias del país. Se documentaron 21 mil 949 eventos de retorno asistido.Una hondureña de 23 años fue violada y robada durante su paso por Chiapas. Un hombre de 24 años, de la misma nacionalidad, fue víctima de trata mientras recorría Jalisco. Una salvadoreña de nueve años fue secuestrada cuando transitaba por San Luis Potosí.Sin embargo, en las carpetas de investigación que la Procuraduría General de la República (PGR) abrió este año por delitos contra migrantes en el país, se indica además que no se sabe nada de 49 guatemaltecos que desaparecieron en Tamaulipas.Como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, la PGR señaló que de las 100 pesquisas que inició por ilícitos contra indocumentados, 55 fueron por desaparición. Entre ellas resaltan las de colombianos que desaparecieron en el Estado de México y la de un holandés que tuvo la misma suerte en Nayarit.Además, la dependencia federal documentó los casos de tres salvadoreños de entre 11 y 17 años que fueron privados de su libertad en Chiapas.El 30 de marzo, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Federal (PF) rescataron a 136 migrantes originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua que fueron encontrados en el interior de un tráiler.Los extranjeros, interceptados en el tramo carretero Coatzacoalcos-Acayucan, en Veracruz, estaban hacinados a una temperatura de 40 grados. Los afectados tenían 24 horas sin recibir agua ni alimento y, al tener escasa ventilación, tenían síntomas de asfixia. Entre ellos había 49 menores de edad: 13 de ellos viajaban sin compañía.En lo que va de este año, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió 44 carpetas de investigación por violaciones a la Ley de Migración, principalmente por albergar y transportar indocumentados, pero también por introducirlos al país y hacerlos víctimas de tráfico de personas. Sin embargo, de acuerdo con la dependencia federal, este es el indicador más bajo de los últimos tres años, pues si bien en 2015 se registraron 53 casos, en 2017 la cifra aumentó a 493.En el caso de Jalisco, sólo se reportó un procedimiento en 2016 por tráfico de indocumentados, prohibido por el Artículo 176 de la Ley de Migración.Para Alejandro Solalinde, defensor de los derechos humanos de los migrantes, que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrezca oportunidades de empleo para este sector es una medida positiva para enfrentar la crisis.Durante la pasada edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el sacerdote destacó que, en un momento en el que Donald Trump busca que México se convierta en su “Policía” para evitar que los centroamericanos lleguen a su país y soliciten asilo, la llegada de la nueva administración federal significa el fin del Programa Frontera Sur, que impulsó la persecución de los viajeros por más de tres años, pero también el término de los operativos en su contra, de las policías privadas que participaban en su captura y de los centros de detención.Protagonista del libro “Revelaciones de un misionero: Mi vida itinerante”, que elaboró junto a la periodista Karla María Gutiérrez, Solalinde dijo que a pesar de las amenazas de muerte que ha recibido, no tiene miedo de continuar con su labor. Si bien la PGR abrió 55 carpetas de investigación en lo que va del año por la desaparición de migrantes en territorio nacional, para el investigador existe un subregistro.Acentuó que el crecimiento de los casos documentados por la autoridad se puede explicar por el incremento de las denuncias por parte de los familiares.Puso como ejemplo la llegada de la caravana de madres de centroamericanos, quienes el año pasado recorrieron el país para buscar a sus hijos.Sin embargo, destacó que hay organizaciones que señalan que hay alrededor de 20 mil migrantes que han desaparecido en México desde el año 2000.Franco afirmó que las anteriores administraciones federales no generaron una estrategia integral para combatir este problema. Agregó que a pesar de que la labor de las autoridades se concentró en la búsqueda pobre y parcial de los desaparecidos, no se generaron acciones para inhibir la comisión del delito.
