El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para establecer que el delito de desaparición forzada de personas constituya un crimen de lesa humanidad, lo que implica que no prescriba nunca.La reforma a la Ley General en materia de Desaparición Forzada, al Código de Justicia Militar, y a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, entre otras, se aprobó en lo general y en lo particular por 470 votos a favor, cero en contra y una abstención.La reforma establece que se dará por autores del delito no sólo a quienes cometan la desaparición forzada per sé, sino también a los superiores jerárquicos cuando "hayan tenido conocimiento de que los subordinados, bajo su autoridad y control, estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente".También serán considerados infractores de ese flagelo, cuando hayan ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación, y cuando no hayan adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o impedir que se cometiese una desaparición forzada.Además, impone penas de 20 a 30 años de prisión y de 500 a 800 veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien omita entregar a la autoridad o familiares al niño o niña nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada; sustraiga o se apropie del niño o niña sometidos a desaparición forzada, o cuyo padre, madre o tutor hayan sido sometidos a desaparición forzada y, oculte, destruya o falsifique aquellos documentos que prueben la identidad de los niños mencionados en las fracciones anteriores.Determina que incurren en el delito de desaparición cometida por particulares, la persona o grupo de personas que priven de la libertad a una persona, se nieguen a reconocer dicha privación, oculten el paradero de la persona desaparecida para sustraerla de la protección de la ley.De igual forma, el dictamen establece que, en cualquier caso, "el servidor público que sea acreedor a sanciones administrativas, para poder incorporarse a las funciones que le son propias, deberá acreditar nuevamente los cursos necesarios para el desempeño de su cargo o comisión".Contempla que la investigación, persecución, procesamiento y sanción de las conductas relacionadas con el delito de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, "sólo será competencia de las autoridades federales o estatales del orden civil, aun cuando dichas conductas sean realizadas por un militar en contra de otro militar".Además ordena el fortalecimiento del Registro Nacional de Detenciones, una base de datos que concentra la información sobre las personas detenidas por delitos relacionados con desaparición forzada.En la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (Morena), señaló que la desaparición forzada es un crimen complejo y un delito que viola todo tipo de derechos, no sólo de la persona desaparecida, sino de sus familiares y seres queridos.Argumentó que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) de la Secretaría de Gobernación, al día de hoy permanecen desaparecidas y no localizadas más de 105 mil 805 personas en el país.Las reformas, añadió, van en armonía con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, y ayudan a mejorar las estrategias de combate y mitigación de las desapariciones forzadas.La impulsora de la propuesta, diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), consideró que hoy se da un paso importante en favor de miles de personas que han sido víctimas del delito de desaparición forzada."Por décadas, en México se asentó un Estado represor que recurría a la desaparición forzada de personas que le resultaban incómodas por sus posturas políticas y su activismo disidente al régimen. Con su aprobación continuaremos en la dirección correcta para edificar un marco jurídico que dé mayores instrumentos legales y garantías humanitarias a las familias y víctimas del delito", indicó.JM
