La organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, acusó hoy al Gobierno Federal de ocultamiento y censura en sus reportes sobre el terremoto del pasado 19 de septiembre. En un extenso análisis, la institución citó irregularidades en el trato de la información y concluyó que el Estado mexicano "acostumbra desplegar una política de ocultamiento y censura", y que en el caso del sismo de magnitud 7.1 no fue proactivo ni eficiente para difundir las medidas de respuesta adoptadas por las autoridades. "Tampoco garantiza hasta el momento las acciones de búsqueda de justicia para fincar responsabilidades institucionales y de actores privados por los daños a la vida, a la integridad y al patrimonio de las personas producto de posibles actos de corrupción", señala el estudio de Artículo 19 divulgado este viernes, el cual se puede consultar aquí.La organización con sede central en Londres calificó de inadmisible que las autoridades hayan utilizado los recursos destinados para comunicar las estrategias y acciones de las entidades gubernamentales para promover la imagen de altos funcionarios e instituciones. El temblor de hace 10 días causó cuando menos 358 muertes e innumerables daños materiales en el centro del país, los cuales tardarán años en resarcirse, de acuerdo con cálculos de especialistas. Artículo 19 calificó de preocupante que 32 años después del terremoto de magnitud 8.1 que dejó unos 20 mil muertos en 1985, las autoridades no tomaron medidas preventivas para evitar la repetición de la catástrofe. "Exigimos una política de comunicación que garantice a la población el acceso a la información, a fin de brindar certeza sobre los protocolos implementados en las zonas de desastre y sobre las necesidades de centros de acopio y de albergues, a la par de brindar cifras certeras sobre las personas rescatadas, desaparecidas y hospitalizadas", manifestó. Asimismo, recomendó a las autoridades garantizar el libre ejercicio periodístico y de documentación con respeto a los derechos humanos; comunicar efectivamente medidas de prevención, atención y reconstrucción, y proveer de forma diligente datos confirmados sobre personas desaparecidas y hospitalizadas. Para la agrupación es importante, según el informe, que se garantice el derecho a la información de los familiares de personas atrapadas en zonas de derrumbes mediante mecanismos claros, permanentes y transparentes, y establecer procedimientos claros para brindar información a familiares de personas fallecidas. Finalmente, exigió "evitar el uso político de las necesidades de la población y administrar de forma responsable los recursos nacionales, públicos y privados, asignados para atender la emergencia, así como los recursos provistos por organismos internacionales".
