La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que dieron inicio al proceso administrativo sancionador en contra de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. para revocarle el permiso e imponerle una multa económica.La empresa está relacionada con el incendio que se registró el 27 de marzo en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 39 personas. En conferencia de prensa, la funcionaria federal dijo que la compañía está registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada de esta Secretaría desde el 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente hasta febrero de 2024, bajo la modalidad de seguridad privada en todo el territorio nacional.El Instituto Nacional de Migración entregó a la empresa el servicio de seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, desde el año pasado y por medio de una adjudicación directa, es decir, no hubo competencia con otras empresas.La Fiscalía General de la República emitió ayer órdenes de arresto para seis personas, de acuerdo con la fiscal federal Sara Irene Herrerías. Dijo que entre los seis se encuentran tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, dos guardias de seguridad privada contratados por la agencia y la persona que presuntamente inició el incendio. Precisó que cinco de ellos ya habían sido detenidos y que enfrentarían cargos de homicidio y lesiones.TESTIMONIOSEl jefe de la agencia migratoria mexicana en Chihuahua, donde un incendio en un centro de detención mató al menos a 39 migrantes esta semana, fue presuntamente informado por teléfono del inicio del fuego y ordenó no liberar a los detenidos, según una denuncia presentada por un abogado que representa a algunas personas involucradas en los hechos.El funcionario mencionado es el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua.El INM no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios ni de entrevista con González Guerrero.Al ser preguntadas al respecto, tanto la secretaria de Seguridad como la fiscal que lleva el caso indicaron que, hasta el momento, no tenían ningún testimonio que mencionara esa supuesta llamada.Según la denuncia, presentada por el abogado Jorge Vázquez Campbell, el funcionario presuntamente “dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo”.Un video mostró a guardias saliendo de una sala con humo sin ningún intento de liberar a los migrantes que estaban detenidos, por lo que la investigación federal está centrada en las razones que motivaron este comportamiento. Además de los muertos, casi una treintena de personas resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador.APEl incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez dejó un saldo de 39 muertos y 28 heridos. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana informó la nacionalidad de las víctimas del siniestro. De los 39 fallecidos, se identificaron que correspondían al siguiente número de nacionalidades: Seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos. En conferencia de prensa, también se mostró la lista de heridos, donde se se identificaron a 10 guatemaltecos, ocho hondureños, y cinco venezolanos. Hasta ayer, 27 lesionados seguían hospitalizados y se dio de alta a un venezolano.GIRA POR EL NORTEEl Presidente Andrés Manuel López Obrador viajará hoy a Ciudad Juárez después de su conferencia de prensa matutina para reunirse con servidores públicos de programas sociales en esa entidad. Posteriormente, el jefe del Ejecutivo visitará Tijuana, Baja California y La Paz, Baja California Sur.Su trabajo como profesor de bachillerato durante 24 años, una esposa y dos hijos, es lo que dejó atrás Mauro Aguilera, venezolano de 47 años que está a la espera de acudir a una cita en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para tramitar el papel que le permita seguir su camino y alcanzar la meta: llegar a Estados Unidos.“¿Dónde están los derechos humanos? Aquí (en la CDMX) las autoridades han tenido buenos tratos, pero en Tapachula son malos. No sé si dure para esperar el documento, no sé si sobreviva dos meses”.Su cita para solicitar refugio en el país se la programaron para el 18 de mayo, pero mientras llega ese día, la espera se hace eterna. No tiene dinero ni comida, duerme en un par de cartones que pone sobre una banca de cemento en la plaza Giordano Bruno.Él es uno de los más de 300 migrantes, en su mayoría haitianos y venezolanos, que, por ahora, vive en el campamento que se estableció a tres cuadras de la comisión, y que está flanqueado por dos camionetas con personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías capitalinos.“La decisión la tomé porque allá no se puede vivir. Es la primera vez en mi vida que duermo en una plaza como si fuera un perro, pero voy a seguir adelante porque estos obstáculos te enseñan a no dar tu brazo a torcer”.Su travesía ha estado marcada, como la de la mayoría de los migrantes, por el dolor y delincuencia. Desde que salió de su nación ha sido víctima de los coyotes a quienes cuenta, si no les da dinero, “mandan a que te roben” o de los mismos policías de cada país que les quitan el poco dinero que llevan.A unos metros del lugar donde duerme el venezolano está Virginia , quien cumplió ocho días en el campamento. Sentada, juega con su cabello mientras observa a su hija Keyla, de 11 meses, gatear sobre el asfalto.La joven haitiana de 21 años cuenta que horas antes se desmayó por la falta de comida. Salió de su país desde 2017 y estuvo en Chile hasta 2022; llegó a México el 28 de enero de este año acompañada de su pareja.“Estoy buscando algo mejor para mi familia, para mí y para mi niña. Me dijeron que en un mes y medio tengo que ir a lo de mi papel, pero no puedo esperar porque estoy durmiendo aquí, no como bien”.Su pareja, Edelson, de 26 años, se acercó a unos policías para pedir ayuda y una ambulancia para su esposa, pero cuenta, 12 horas después, seguían a la espera.“Se cayó, pero aquí nadie nos ayuda. Por ejemplo, los policías no me ayudaron, sólo me miraron. Nadie nos ve bien, parece que nosotros no significamos nada ante sus ojos. Nos tratan como animales”, denuncia.SUN
