A pesar del presupuesto otorgado por el Gobierno a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para mejorar la operación, en la presente administración acumula pérdidas por más de 279 mil millones de pesos (de 2019 a 2022), lo que evidencia el trabajo del director de la paraestatal, Manuel Bartlett.Este boquete se divide en dos conceptos: por “pérdidas no técnicas” y por “pérdidas técnicas” de energía eléctrica.Las primeras se refieren a la electricidad entregada, pero no pagada por los usuarios, por lo que se convierten en pérdidas directas. Hay cuatro conceptos involucrados: por robo, por fraude, por electricidad no contabilizada y por problemas de gestión de la administración federal.Según la revisión trimestral que realiza el IMCO, tan sólo el año pasado la Comisión tuvo un rendimiento negativo o pérdidas por 39.8 mil millones de pesos. Sobre las “pérdidas técnicas” de energía eléctrica, se refiere a las que ocurren en las líneas de transmisión y distribución, relacionadas al transporte de electricidad o las fallas en la infraestructura de la CFE. La compra-venta de 13 centrales de generación eléctrica de la empresa española Iberdrola ubicadas en México no nacionaliza al 100% la industria eléctrica del país, sostiene el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en un posicionamiento sobre el asunto.El organismo argumentó que, a pesar de contar con financiamiento público, legalmente la propiedad de las centrales y la gestión del fideicomiso será privada, ajena a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); aseveran que la Comisión no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica.El Instituto refiere que el pasado 4 de abril, la empresa de energía Iberdrola anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España la venta de 13 centrales en México por un total de seis mil millones de dólares a un fideicomiso privado con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y otras instituciones públicas mexicanas, gestionado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), una administradora de fondos mexicana enfocada en inversiones en infraestructura y energía.“Esta venta no representa una nacionalización de la industria, ni cambia la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, únicamente cambia la propiedad de una canasta de centrales entre privados. El anuncio de que CFE operará estas centrales no cambia este hecho, aunque abre la puerta a que la empresa estatal expanda las condiciones de su contrato colectivo de trabajo a los trabajadores de las nuevas centrales, y pone en riesgo su rentabilidad en el mediano y largo plazos, dadas las condiciones establecidas desde la renegociación de 2020 que redujo en 10 años la edad de retiro”.Se advierte que hasta el momento no se conoce el monto de los recursos con los que participará Fonadin y el resto de las entidades públicas, sin embargo, aunque estos no impacten la deuda pública ni la de la CFE, el costo saldrá de recursos públicos. A pesar de que en este momento no se ha desglosado a cuánto asciende el financiamiento público, el Instituto cuestionó la conveniencia de asignar recursos en adquirir centrales eléctricas mayoritariamente ancladas en combustibles fósiles a costa de inversiones que aceleren la transición energética en el país.El IMCO sostiene que del total de activos en la transacción, 12 centrales son de ciclo combinado (gas natural y vapor) y una es eólica. Asimismo, 10 operan bajo la figura de Productores Independientes de Energía (PIE); es decir, que son centrales privadas que venden toda su producción a la CFE en contratos de hasta 30 años; fueron instaladas previo a la apertura del sector energético en 2013-2014. Las otras tres plantas lo hacen de forma privada, es decir, participan directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista.El Instituto sostiene que aunque el Gobierno Federal argumenta que el porcentaje de generación eléctrica bajo control de la CFE se incrementará de 39.6% a 55.5%; se debe subrayar que la mayor parte de esta generación ya está bajo control de CFE, dado que los PIE ya forman parte de la matriz de generación de la empresa a través de la subsidiaria CFE Generación V, encargada de administrar los contratos con estas centrales, de representarlas en el mercado y de reportar su estado de resultados ante la Cuenta Pública. En dichos términos, esas centrales operan legalmente en los términos impuestos por la empresa y forman parte jurídica, contable y económicamente de la CFE. El estudio de IMCO concluye que la compra de carbón a productores de Coahuila retrata con amplitud las áreas de oportunidad que existen en la CFE, en lo que respecta al cumplimiento de las mejores prácticas en su política anticorrupción. Desde el punto de vista de gobernanza, el Consejo de Administración, debe asegurar que la estrategia anticorrupción cubra los más altos estándares de calidad y ética. Una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción advierte malas prácticas y procesos desaseados en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para ejemplificar cómo se toman las decisiones en materia de compras públicas en la Comisión, se analizó una adquisición de carbón en Sabinas, Coahuila, en el año 2020; el proceso se contrastó con los principios y mejores prácticas internacionales contenidos en los “Diez principios anticorrupción para empresas públicas de Transparencia Internacional”, así como con la recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública y las “Directrices en Materia de Lucha Contra la Corrupción e Integridad en las Empresas Públicas”.El objeto de estudio fue una compra de 1.58 millones de toneladas de carbón realizada a través de sesenta adjudicaciones directas a productores de la región carbonífera de Sabinas, Coahuila. Estas adjudicaciones se realizaron por órdenes del Presidente de la República, quien declaró que el objeto de la compra era la reactivación económica de esta zona, en el contexto de las afectaciones causadas por la pandemia por COVID-19.Entre los principales hallazgos fueron: la intervención del Poder Ejecutivo en la actividad y gestión de CFE es contraria a las mejores prácticas y a la normatividad de la propia CFE. Pese a que la motivación social de la compra es contraria al objetivo de CFE y a que legalmente la compañía no tiene la obligación de acatar órdenes del Ejecutivo, esta compra se realizó sin que el órgano que debe tomar las decisiones al más alto nivel en la Comisión, el Consejo de Administración, analizara o se manifestara al respecto.La supervisión del programa anticorrupción no es evidente. Desde su aprobación en 2019, no ha existido ningún reporte de resultados del programa anticorrupción de la CFE. Además, las compras de carbón han estado rodeadas de señalamientos de corrupción, de la Auditoría Superior de la Federación y organizaciones como Familia Pasta de Conchos y el Centro Prodh. Las últimas, incluso llevaron casos ante instancias internacionales por condiciones laborales tan precarias de los mineros (proveedores de CFE) que incluso han cobrado sus vidas; el lado humano de las consecuencias de la corrupción.Esta compra no fue diferente: medios como Proceso, El País y LatinUs han señalado conflictos de interés e irregularidades en torno a las empresas proveedoras que no fueron aclarados por CFE. Los ejercicios de transparencia no son idóneos y dificultaron el seguimiento a la compra. Desde la falta de folio de la compra hasta la no publicación de documentos clave. Las plantas productoras de energía que vendió la empresa española Iberdrola a un fideicomiso con participación de dependencias del Gobierno Federal están localizadas en siete Estados del país.De acuerdo con la información emitida por la administración federal, forman parte de la transacción 12 plantas de ciclo combinado que se encuentran ubicadas en los Estados de Baja California, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. También se adquiere una planta de energía eólica, ubicada en Oaxaca.Sostienen que la vida útil remanente promedio de dichas plantas es de más de 18 años, con la posibilidad de extenderse 10 años más, para llegar hasta 28 años.El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseveró que esta transacción no implica aumentar la deuda pública presupuestal, al ser realizada a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que está fuera del balance del sector público.Aunque se anunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será la encargada de la operación de las 13 plantas, aclaran que eso no la compromete financieramente y le permitirá reducir costos. La compra a la empresa española se hizo a través de un vehículo de inversión nacional con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura administrado por Mexico Infrastructure Partners, y financiamiento de la banca.De acuerdo con la información del Gobierno de México, la capacidad de producción de las plantas adquiridas representa una generación de ocho mil 500 megavatios (MW) adicionales para el Estado, con lo que presumen alcanzar un porcentaje superior al 55 por ciento, del 39% actual, y se supera su objetivo de contar con una participación de mercado superior al 54% en la generación eléctrica del país.“Se recupera presencia de mercado en áreas estratégicas, como por ejemplo en la región noreste del país, donde el Estado pasa de generar un porcentaje actual de 7% a 45%. De igual modo, en la región noroeste el Estado pasa de producir 52% a 92%, y en la región norte de 20% a 32%”, subrayó la administración federal en un comunicado. El Gobierno Federal presumió que el acuerdo es el inicio de una nueva etapa en la que el sector privado, incluyendo a Iberdrola, es bienvenido a invertir. CT
