En el ánimo de que las personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al voto, el IECM ha convocado a crear una estrategia para empezar los trabajos necesarios para que puedan, además, hacerlo de manera informada.Este fin de semana, consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y autoridades del Sistema Penitenciario capitalino, Omar Reyes y representantes de la organización CEA Justicia Social sostuvieron una reunipón para comenzar con los preparativo.El presidente de la Comisión Provisional, Bernardo Valle, resaltó la importancia de garantizar a las personas en proceso de recibir sentencia, su derecho a votar en las seis elecciones que se realizarán en la capital: Jefatura de Gobierno, diputaciones locales y alcaldías, y a nivel federal, en las elecciones de la Presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías.Por su parte, la consejera Erika Estrada destacó la importancia de implementar una estrategia conjunta para que la población ejerza el voto de manera libre e informada. Por ello, enfatizó la necesidad de establecer una serie de actividades previas que permitan a la población penitenciaria conocer plataformas, candidaturas y propuestas de campaña.En tanto, el subsecretario del Sistema Penitenciario manifestó que esa institución y el Gobierno de la Ciudad de México están en la mayor disponibilidad para garantizar el derecho a votar de las personas en prisión preventiva, y trabajarán de manera interinstitucional, con el objetivo de desarrollar las acciones necesarias que permitan implementarlo de forma segura.En la reunión, se acordó continuar con las mesas de trabajo para la implementación de la estrategia conjunta que atienda de manera integral los aspectos más relevantes del proceso electivo.La organización CEA Justicia Social se comprometió acompañar este proceso que garantizará los derechos políticos electorales de este sector de la población. De acuerdo con información de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, con corte al 3 de marzo de 2023, se tenía un registro de 25 mil 520 personas privadas de su libertad, de las cuales seis mil 968 habían sido procesadas y 18 mil 552, sentenciadas.
