Los hechos registrados en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, marcaron la historia del México actual. La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue una de las pruebas más notorias de la escalada de violencia que vive el país. El caso, conocido incluso a escala internacional, dio un fuerte golpe a la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, y además evidenció la poca capacidad para atender y resolver este hecho que, un lustro después, sigue sin una respuesta clara respecto al destino que corrieron los estudiantes.Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tratan de abordar unidades de la central de autobuses de Iguala, esto con el fin de viajar a la Ciudad de México y participar en las manifestaciones en memoria de la masacre de Tlatelolco de 1968. Según los testimonios recabados, al abandonar la central la Policía Municipal alcanza el convoy y abre fuego contra los estudiantes. Dos de ellos mueren en el ataque. Rato después, un vehículo con rastros de sangre en su interior es abandonado afuera del Palacio de Justicia de Iguala. Horas más tarde se registran ataques contra dos taxis y un autobús; este último transportaba a un equipo infantil de futbol. Un menor, el conductor y una mujer que viajaba en uno de los taxis murieron.La Fiscalía del Estado de Guerrero admite que elementos de Policía agredieron a los estudiantes. El cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los 57 normalistas que entonces estaban reportados como desaparecidos, es localizado. Versiones señalan que los policías actuaron bajo órdenes del presidente municipal, José Luis Abarca.La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero detiene a 22 elementos de la Policía de Iguala. La Fiscalía inicia la búsqueda de los desaparecidos.Son localizados 14 de los 57 estudiantes desaparecidos. José Luis Abarca, alcalde de Iguala por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), solicita licencia a su cargo. Desde ese día, tanto él como su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, desaparecen de la escena pública.El Gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, ordena al Ejército que haga acto de presencia en Iguala y algunas zonas de Guerrero.La Procuraduría y la Fiscalía localizan 28 cadáveres calcinados en seis fosas, a las afueras de Iguala.La Fiscalía estatal indica que los policías de Iguala detuvieron a los estudiantes para entregarlos al grupo delictivo Guerreros Unidos. Dos presuntos sicarios confiesan el asesinato de 17 de los 43 estudiantes restantes. Iñaki Blanco, procurador de Guerrero, señala a “El Chucky”, cabeza de la organización, como el responsable de dar la orden de asesinar a los normalistas.Normalistas de Ayotzinapa y unos dos mil estudiantes de la Normal de Michoacán prenden fuego a las oficinas del Palacio de Gobierno en Guerrero.Se confirma que los restos hallados en seis fosas no son de los 43 estudiantes desaparecidos.Se llevan a cabo manifestaciones estudiantiles en todo el país.El Gobierno federal asume la seguridad de 14 municipios de Guerrero por posibles nexos entre el narco y las fuerzas de seguridad pública.A 25 días de los hechos, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reúnen con familiares de los desaparecidos.Más de 50 mil personas, encabezadas por padres de los normalistas, se manifiestan en la Ciudad de México para exigir la resolución del caso. Ante la crisis, Ángel Aguirre, el gobernador de Guerrero, abandona su cargo.El presidente Enrique Peña Nieto se reúne con los familiares de los desaparecidos. Su encuentro dura cinco horas. “Llevamos más de 30 días en el Infierno, sin dormir, sin comer. Que sepa el presidente que no confiaremos en él ni en el Estado hasta que nos los devuelvan vivos”, manifiestan los padres de los desaparecidos.Los familiares de los normalistas encabezan una nueva manifestación masiva en la capital del país.Jesús Murillo Karam anuncia que los normalistas fueron asesinados por miembros de los Guerreros Unidos. La versión oficial indica que los estudiantes fueron llevados en condiciones de hacinamiento en un camión hasta un basurero en Cocula, donde fueron asesinados y sus cuerpos calcinados. Los restos de los estudiantes fueron recogidos en bolsas de basura y arrojados al río. La Policía Federal afirmó haber recuperado dos de estas bolsas, pero admitió que no se les pudieron realizar pruebas de ADN que confirmaran la identidad de los restos.“Ya me cansé”. Fue la última frase que Murillo Karam expresó en la rueda de prensa donde anunció su “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, cuando pensó que la transmisión oficial había concluido. Ésta se vuelve tendencia en redes sociales y se utiliza para señalar los cuestionamientos sobre la investigación. En una entrevista posterior, el funcionario diría que “llevaba 40 horas sin dormir”.El ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, es detenido junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. A Abarca se le acusa por delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Ningún señalamiento es por desaparición forzada.Alexander Mora Venancio, de 19 años y uno de los 43 desaparecidos, es confirmado muerto por un grupo de forenses de la Universidad de Innsbruck, Austria. El resultado se da luego de que se comparan fragmentos de hueso obtenido de los restos encontrados en Cocula, con muestras de ADN de su padre y hermanos.Tras seis meses de investigaciones de expertos que no pertenecen a las autoridades mexicanas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), concluye que la versión oficial del caso es “científicamente imposible”. Entre los cuestionamientos se menciona que la hoguera necesaria para disponer de los 43 cuerpos requeriría 30 mil kilos de madera o 13 mil kilos de llantas, además de que habría sido necesario que ardiera durante 60 horas.Joshivani Guerrero de la Cruz, de 20 años, es el segundo normalista desaparecido de los 43 que se confirma como fallecido por la Universidad de Innsbruck.Como parte de su Sexto Informe de Gobierno, el último de su gestión, el presidente Enrique Peña Nieto defiende la “verdad histórica” de los acontecimientos en Iguala. “Yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó, justamente, lo que la investigación arrojó”.La CIDH publica un informe final sobre el caso. Allí se señala que la investigación está “fragmentada” y recomienda mayores investigaciones en la participación de la Policía Federal, Estatal y del 27 Batallón Militar, así como el “posible involucramiento” de algunos miembros de éste con el crimen organizado. Durante las investigaciones surgieron versiones que apuntaban a la participación de estas fuerzas en la desaparición de los normalistas.Tras reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres de los 43 normalistas desaparecidos desde 2014 sostuvieron un diálogo con la Fiscalía General de la República. Cinco años después de los hechos, ambos acordaron reconstruir, prácticamente desde cero, las investigaciones del caso, con pesquisas “sólidas y limpias de irregularidades”.JM
