Han pasado casi tres años desde que se anunció la reubicación física de 32 dependencias y entidades federales a los estados, para impulsar las economías locales, y hasta ahora sólo la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) ha logrado esta meta; otros seis organismos lo han hecho de manera parcial.El titular de la Secretaría de Salud federal (SSA), Jorge Alcocer Varela dijo que desde el pasado 3 de octubre cerca de 100 trabajadores de esa dependencia se trasladaron a su nueva sede, en Acapulco, Guerrero, –entre titulares y personal de la dependencia, de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Unidad de Análisis Económico, de la Unidad de Administración y Finanzas y el Insabi–, mientras que la reubicación del personal de las demás áreas será de manera voluntaria y progresiva. Añadió que hacia enero del próximo año se sumarán otros 200 trabajadores de SSA y de Cofepris más 120 del Insabi, para, al concluir el primer semestre de 2022, sumar mil 200 trabajadores y trabajadoras trasladados.Otras dependencias con avances en la reubicación son Sener, a Villahermosa; Secretaria de Cultura, a Tlaxcala, así como oficinas de Ganadería, a Guadalajara; Minería, a Chihuahua, y de la Conagua, a Xalapa, según respondió la Presidencia de la República en una solicitud de información fechada en agosto. Conapesca ya se reubicó en Mazatlán, Sinaloa.Según el plan, Turismo se iría Chetumal, Quintana Roo; Medio Ambiente a Mérida, Yucatán; PEMEX a Ciudad del Carmen, Campeche; CFE a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Bienestar a Oaxaca, Oaxaca; SEP a Puebla, Puebla; Banobras a Cuernavaca, Morelos, y el INFONAVIT a Toluca, Estado de México.Además, el IMSS a Morelia, Michoacán; ISSSTE a Colima, Colima; CONADE a Aguascalientes, Aguascalientes; Función Pública a Querétaro, Querétaro; Secretaría del Trabajo a León, Guanajuato; Desarrollo Agrario a Pachuca, Hidalgo; Comunicaciones y Transportes a San Luis Potosí, SLP; Economía a Monterrey, Nuevo León; Nacional Financiera a Torreón, Coahuila; La Comisión Forestal a Durango, Durango.Y Aduanas a Nuevo Laredo, Tamaulipas; Fonatur a Bahía de Banderas, Nayarit; la Secretaría de Agricultura a Ciudad Obregón, Sonora; el Conacyt a La Paz, Baja California Sur; el SAT a Mexicali, Baja California, la Secretaría de Medio Ambiente a Mérida, Yucatán, y Migración a Tijuana, Baja California. De estas no se han reportado cambios.Sin estudios de factibilidadPara Fernando Nieto Morales, investigador de El Colegio de México, el plan parece más simbólico o discursivo más que una medida anclada en evidencias y en una prospectiva sería de hasta dónde esto puede beneficiar a las comunidades.Advirtió que hasta ahora no hay estudios serios de viabilidad financiera y organización que revelen los beneficios y costos de un esfuerzo de esa magnitud.“Lo que si se sabe es que es una operación muy costosa, los ejemplos que hemos tenido, han sido muy costosos (…) proyectos de muchos años y que costaron mucho dinero”, dijo.Nieto Morales también cuestionó los beneficios ya que, dijo, una política se justifica en términos de costo-beneficio en la medida en la que hay beneficios claros.“El riesgo de que esto salga mucho más costoso de lo que se planeaba también está ahí, ante la ausencia de una planeación seria”.
