Martes, 26 de Noviembre 2024

Avalan en "fast track" Reforma Laboral, condición de EU para ratificar T-MEC

La ley establece cambios en materia sindical, contratos colectivos y el sistema de justicia laboral

Por: El Informador

La votación en lo general fue de 417 a favor; 29 abstenciones y un voto en contra. SUN/D. Sánchez

La votación en lo general fue de 417 a favor; 29 abstenciones y un voto en contra. SUN/D. Sánchez

La Cámara de Diputados metió el acelerador y aprobó, en lo general, la Reforma Laboral que deberá facilitar la ratificación del Tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y ahora se turnará al Senado para su aprobación.

A inicios del mes, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EU), Nancy Pelosi, dijo que el Congreso estadounidense no votaría la ratificación del T-MEC mientras México no avale la reforma.

En esa ocasión, el Congreso estadounidense hizo hincapié en la necesidad de una ley que proteja los derechos laborales. Algunos legisladores demócratas de EU señalaron que el acuerdo debe garantizar que los trabajadores mexicanos tengan derecho a organizarse. Argumentaron que una debilidad importante radica en que el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) permitió que los salarios mexicanos se estancaran.

Sobre la aprobación, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo que México no debe aceptar ningún tipo de presión de Estados Unidos de cara a la ratificación del nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, es decir, no se debe permitir que “nos truenen los dedos”.

Entre los puntos que los diputados de San Lázaro aprobaron en fast track, también destacó el establecimiento de la democracia sindical y de la libertad de asociación, la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, transformar el sistema de justicia laboral, los contratos colectivos y la elección de sus líderes.

Las nuevas comisiones de conciliación serán responsables de dirimir los conflictos que surjan entre los trabajadores y los patrones, con el límite de intentar resolverlos en un plazo máximo de 45 a 60 días para evitar judicializar los procesos.

Los legisladores no tocaron el tema de la subcontratación del trabajo, también conocido como outsourcing.

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