La Fiscalía General de Justicia, a través de las autoridades federales correspondientes, solicitó al gobierno de los Estados Unidos la extradición de Raymundo Collins Flores, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública en la pasada administración.En conferencia de prensa Ulises Lara, vocero de la FGJ, explicó que hicieron todos los trámites necesarios para solicitar la extradición, esto como parte de la investigación que mantienen las autoridades capitalinas contra Collins Flores.Ulises Lara no reveló en qué parte de los Estados Unidos se encuentra el exfuncionario, a quien se le acusa de uso ilegal de atribuciones; de igual manera, aseguró que la carpeta de investigación es robusta, y que una de las acciones fue el cateo en donde decomisaron 41 carros clásicos.Ayer, la Fiscalía capitalina y la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) ejecutaron una orden de cateo en un domicilio de Raymundo Collins ubicado en el poblado de Tequesquitengo, perteneciente al municipio de Jojutla, en donde aseguraron 41 autos clásicos, tres acuamotos, una cuatrimoto, una motocicleta y una lancha.Como parte de las investigaciones en contra del exfuncionario, la FGJ solicitó el apoyo de la Fiscalía del Estado para realizar el registro, que se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la colonia Playa Coqueta, del poblado de Tequesquitengo, en el estado de Morelos, donde además de los vehículos se aseguraron diversas obras de arte, mismas que quedaron bajo resguardo del Ministerio Público.El 3 de enero de 2020 la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó sobre una orden de aprehensión contra Raymundo Collins por un desvío millonario cuando fue titular del Instituto de Vivienda en la administración pasada. El 14 de enero se informó que Collins Flores era buscado en más de 200 países luego que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitara a la Interpol la emisión de la ficha roja para su localización.El exfuncionario es imputado por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, que se sanciona con una pena máxima de entre tres meses y dos años de prisión, así como multa de 500 a mil días de salario mínimo.JM
