Entre acusaciones de la oposición sobre que el Poder Ejecutivo configura otro intento por controlar al Judicial, el Senado de la República aprobó la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que ningún funcionario federal, de los poderes Legislativo y Judicial, ni de los órganos autónomos pueda ganar más que el Presidente.El proyecto precisa que ningún servidor público, obligado por la Ley, recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias, sin considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tenga derecho conforme a la legislación en la materia.El régimen transitorio dispone que al momento de la entrada en vigor de esta Ley quedan sin efectos todas las disposiciones contrarias a ésta.Además, menciona que la determinación de la Remuneración Anual Máxima aplicable para el ejercicio fiscal 2022, se tomará como base la aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021.“Para nadie es un secreto que en los sexenios anteriores se dio el fenómeno del bonismo: se entregaban bonos estratosféricos, había sueldos de hasta 500 mil pesos para los servidores públicos y a eso se agregaban los sobresueldos, bonos y otro tipo de prestaciones”, dijo Martí Batres Guadarrama, de Morena.“Con todo eso es con lo que hemos querido acabar. Los neoliberales adelgazaron al Estado en gasto social pero engordaron los salarios y las altas prestaciones de los servidores públicos de alto nivel”.La Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular el dictamen a la minuta que expide la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece nuevos criterios para fijar los salarios de funcionarios; y lo envió al Poder Ejecutivo para que lo publique y entre en vigor. Con la aprobación de esta minuta, se abroga la Ley de Remuneraciones vigente.El PRI criticó que se viola la autonomía del Judicial y que el dictamen no contiene criterios claros para determinar cuál debe ser el salario del presidente y de los funcionarios.JL