La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma que impide que los jueces puedan suspender leyes, normas y obras impugnadas en los tribunales, algo que ha ocurrido en los últimos años y que ha sido una de las razones de los enfrentamientos entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los representantes del Poder Judicial. Durante sus conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional, el tabasqueño ha llamado “corruptos” a los juzgadores y también ha señalado que “trabajan para la oligarquía”, ya que sus decisiones no han coincidido con los planes del Mandatario debido a diversas irregularidades.Los legisladores de Morena y sus aliados sacaron adelante los cambios en la Ley de Amparo, avalada previamente por el Senado. No fue suficiente el rechazo de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que consideraron que la modificación mencionada es un nuevo golpe a la Judicatura que pone en riesgo derechos fundamentales del sistema de justicia en el paísSin embargo, López Obrador tiene antecedentes de apresurar leyes a través del Congreso de la Unión sin dar mucho tiempo para que los diputados realmente lean los textos para poder discutirlos de forma seria, o ha impulsado sus proyectos de infraestructura exentándolos de cumplir con procesos normales de emisión de permisos o de las revisiones de impacto ambiental.De ahí que muchas iniciativas hayan acabado paralizadas en los tribunales y varias llegaron hasta la Suprema Corte, que las bateó. Entre estas están el “Plan B”, que buscaba debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y la propuesta que pretendía que la Guardia Nacional formara parte de las Fuerzas Armadas.Luego del espaldarazo de la mayoría a la actual administración federal, los integrantes de los partidos políticos de oposición anunciaron que impugnarán la medida por considerarla inconstitucional, de modo que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que tenga la última palabra.“Nos veremos en la Suprema Corte de Justicia”, dijo Lizbeth Mata Lozano, del grupo parlamentario del PAN. Con los ajustes que se cristalizaron en el pleno de la Cámara baja, el Mandatario aspira, por ejemplo, a continuar, sin más bloqueos legales, los trabajos del Tren Maya antes de dejar el poder el próximo 30 de septiembre, ya que es una de sus obras más emblemáticas. La oposición en bloque quiso frenar la propuesta, pero fracasó en su intento. Acusó a Morena, al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de impulsar una “ley antiamparo” que violenta un instrumento fundamental para la defensa de los derechos humanos. Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, aprovechó el aval para criticar el trabajo de los juzgadores. “Lamentablemente, jueces con evidente sesgo ideológico se han excedido por completo en sus facultades constitucionales y, sin ningún pudor, han suspendido leyes o decretos que beneficiaban al pueblo de México para proteger intereses de grupo”, expresó la funcionaria federal a través de sus cuentas de redes sociales. Uno de los objetivos del partido en el poder es generar cambios en el Poder Judicial. Uno de los más importantes es que los magistrados de la SCJN sean elegidos por los ciudadanos, lo cual ha recibido críticas de especialistas en Derecho. Alcalde mencionó como “excesos” los frenos a la Ley de la Industria Eléctrica y Ley de Hidrocarburos que han impuesto los juzgadores “para beneficiar a empresas privadas en contra de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos”.Por otro lado, la Iniciativa Privada (IP) también se mostró en contra de la medida. Por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acentuó por escrito que la reforma “debilita gravemente la defensa de las personas físicas y morales contra actos y leyes eventualmente inconstitucionales”. En el mismo sentido, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó en un comunicado su “preocupación ante cualquier confusión en la comprensión o eliminación del juicio de amparo, que constituye una herramienta esencial para la defensa de los ciudadanos ante arbitrariedades e injusticias por parte del Estado”. En el texto, añadió que “en un contexto marcado por la corrupción y la impunidad, debilitar este instrumento atenta contra los derechos fundamentales de la ciudadanía”.
