El Congreso del Estado dio luz verde a la reforma que permitirá el arranque de un nuevo esquema de verificación vehicular, propuesto por el gobernador Enrique Alfaro. Con ajustes a la Ley de Equilibrio Ecológico se faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) para emitir el programa conforme a las disposiciones del reglamento en la materia.Las multas para quienes no cumplan (entrarán en vigor en enero de 2020) irán de mil 689 a dos mil 112 pesos, pero si hay reincidencia o se duplica el nivel de emisiones permitidas la sanción ascenderá hasta cinco mil 914. Se incluyó la posibilidad de condonar el castigo si se realiza la verificación en los 30 días siguientes a la notificación.Los automóviles serán retirados de la circulación cuando contaminen visiblemente, lo que se determinará con una medición técnica. Se irán al corralón los que se detecten con algún comprobante apócrifo.También se autorizó habilitar Establecimientos de Verificación Vehicular o verificentros. Para la operación de este modelo se conformará la Agencia Integral para la Regulación de Emisiones (AIRE) que se encargará de tramitar ante la Semadet las autorizaciones para la instalación y operación de los verificentros, ya sean del Gobierno o de particulares asociados.El acuerdo avanzó con 34 votos a favor de diputados de Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, Partido Verde y del Trabajo. Se posicionaron en contra los tres legisladores del PRI y la morenista Patricia Meza.La coordinadora de la fracción tricolor, Mariana Fernández, señaló que su oposición fue por considerar que “no se justificó la concesión”, que es a 15 años. Cuestionó que la agencia que supervisará el programa pueda operar verificentros propios. Y sobre las multas apuntó que, aunque se matizaron -en la propuesta original eran de casi 13 mil pesos-, siguen siendo altas.Con los cambios al esquema de verificación, se autorizó que los recursos generados con este programa se usen para financiar la descacharrización del parque vehicular en el Estado.En las bases del programa que aprobaron ayer los diputados se especifica que los ingresos por comprobantes de verificación, así como los que se obtengan por las autorizaciones de líneas de verificación, serán destinados al Fondo Estatal de Protección al Ambiente (que en el sexenio pasado era conocido como un “fondo verde”) que puede utilizar los recursos para generar apoyos e incentivos para el mejoramiento del parque vehicular.La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) quedó facultada para proponer programas para el mejoramiento del parque vehicular.“Reconocemos que un gran sector de la población tiene vehículos muy viejos, que no han podido darles mantenimiento para que no contaminen nuestro aire. Para este sector está en este dictamen que la recaudación de la verificación esté destinada a una política ambiental y a la renovación del parque vehicular”, comentó Jonadab Martínez, presidente de la Comisión de Movilidad.El legislador refirió que, aunque no quedó en el dictamen, el Gobierno estatal se comprometió a que el nuevo programa no se ejecutará sin que antes todo el parque vehicular oficial esté verificado.Aunque la bancada de Morena aprobó en lo general la reforma, en lo particular se opusieron a la conformación de la Agencia Integral para la Regulación de Emisiones (AIRE) porque se entregarán licitaciones por 15 años.La diputada María Esther López Chávez se inconformó, pues a los talleres que actualmente están acreditados se les condiciona a que, para ofrecer el servicio de verificación, deberán transitar al nuevo programa y cumplir con todas las disposiciones que se establezcan en las bases. La reforma especifica que la vigencia de las acreditaciones actuales no podrá ser excedida ni prorrogada si no se suman al nuevo esquema.Autos particularesDe $1,689 a $2,112De $1,689 a $2,534De $4,224 a $5,914Vehículos pesadosDe $3,379 a $5,069De $5,069 a $6,759De $6,759, a $8,449CLAVESMarcha. La reforma al esquema de verificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.Plazo. El Gobierno del Estado tendrá 90 días para emitir el Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico en materia de verificación vehicular, así como el Programa de Verificación Vehicular.Reglas. La Junta de Gobierno de la Agencia Integral para la Regulación de Emisiones (AIRE) deberá aprobar el reglamento interno dentro de un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la reforma.Concurso. La Secretaría de Administración deberá realizar la licitación pública internacional y definir al proveedor del paquete tecnológico para el equipamiento, operación, mantenimiento, administración y control de los establecimientos de verificación de emisiones vehiculares. El acuerdo trascenderá a esta administración, pues el plazo será de 15 años.Por unanimidad, el Congreso aprobó la nueva Ley de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado. Esta es la primera iniciativa preferente presentada por el gobernador, Enrique Alfaro.Entre otras cosas, se incorporan nuevas herramientas de participación, como la ratificación de mandato, y se disminuyen los requisitos para promover consultas, plebiscito o referéndum. En el caso de la revocación, se especificó que no entrará en vigor hasta que se defina a nivel federal.Además, se creará el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado, que finalmente no será presidido por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y será uno de los ciudadanos quien lo encabece.El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) pierde la facultad de determinar la procedencia de las herramientas. Únicamente la definirá en los casos de ratificación constitucional y en la ratificación de mandato.Con ajustes al Código Penal estatal, los diputados reforzaron las sanciones por maltrato animal. A los centros que sacrifican animales para abasto de alimento se les advierte que deben cumplir las normas oficiales o serán sancionados con la pérdida de licencia, inhabilitación, hasta cuatro años de cárcel y una multa máxima de 84 mil 490 pesos. Los ayuntamientos con centros de matanza o rastros tendrán seis meses para garantizar mejores prácticas. Incluso el abandono de animales en la vía pública (o en las azoteas, por ejemplo) contempla sanciones de hasta dos años de prisión y multa de 25 mil 347 pesos. Quedan exceptuados de estos delitos prácticas como corridas de toros, peleas de gallos, charreadas, cacería, investigación científica, carreras de caballo o perros.
