Fue el pasado mes de agosto cuando la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género encabezada por la diputada María Dolores López Jara aprobó como Violencia Vicaria el delito de esta acción cometida contra las mujeres, las niñas y los niños.Con el dictamen de tipificación de este delito en el marco legal se pretende evitar la violencia ejercida contra niños y mujeres que han tenido alguna relación sentimental con su agresor, mismo con el que, muchas veces, tienen hijos en común.La Violencia Vicaria está considerada como un delito de violencia de género cuando un progenitor ataca a una hija o un hijo con el objetivo de causar dolor a la madre.Sin embargo, es necesario aclarar que esta puede ser efectuada no sólo cuando existe una relación consanguínea en la familia, sino incluso cuando hay un parentesco de tipo civil.La penalización de este delito ha tomado fuerza luego de que varias mujeres se han armado de valor para denunciar a sus agresores bajo la tipificación de este tipo de violencia, con lo cual, muchas veces, han sido intimidadas.Tal es el caso de Blanca Paredes, quien se encuentra en huelga de hambre a las afueras de Casa Jalisco desde el pasado 14 de octubre a la espera de que Enrique Alfaro, esto luego de que su expareja, el exprofesor y exmagistrado José de Jesús abusara de la sobrina de Blanca, quien es una menor de 15 años.Hasta el momento, Blanca ha denunciado ser víctima de intimidación, pues reporta que hay “elementos armados para intimidarnos y querernos encerrar” tras hacer pública su denuncia contra su expareja, quien se ha mantenido prófugo de la justicia desde 2021, ha sido protegido, aparentemente, por una red de complicidades en los juzgados y las distintas autoridades del estado.Cabe señalar que, al igual que Blanca, también hay otras madres que esperan que el gobernador las reciba, pues están exigen justicia por la violencia machista y la violencia vicaria, tal es el caso de Marely Romo, una exinvestigadora de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, quien realizó una huelga de hambre en el edificio administrativo del ayuntamiento de Zapopan, hasta que su caso progresara, pues sufrió violencia por parte su expareja, un exelemento de la policía del municipio de Zapopan.De acuerdo con el Congreso de Jalisco, este delito puede ser sancionado de dos a diez años de prisión a quien resulte culpable de este delito, además de que contempla la pérdida de los derechos que tenga respecto de las víctimas directas e indirectas, entre ellos los de carácter sucesorio, patria potestad de hijas e hijos.Asimismo, de acuerdo con el Congreso, las sanciones contra el agresor se incrementarán hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo si se ejerce daño físico a las víctimas indirectas, o bien, en aquellos casos en que la familia de quien agrede incurra en complicidad o haya ejercido algún tipo de violencia en contra de la mujer. MS
