Con el argumento de que no se puede privar a los patrones de la posibilidad de conocer el historial penal de los aspirantes a un puesto de trabajo, el gobernador de Jalisco vetó la reforma aprobada en el Congreso del Estado, para restringir la emisión de las cartas de no antecedentes penales.En el oficio de las observaciones hechas por el titular del Poder Ejecutivo se argumenta que la constancia de historial penal no constituye un acto de discriminación, sostienen que el acto violatorio de derechos humanos sería que el patrón la establezca como condición para el ingreso o permanencia en el empleo. Añade que es un derecho de cualquier ciudadano solicitar que se expida el documento.El gobernador pide hacer ajustes al decreto con el que se reformaron las leyes orgánicas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), del Poder Ejecutivo y al Código Penal, para incluir el concepto de "constancia de historial penal" en lugar de carta de no antecedentes y especificar que se podrá expedir cuando una persona lo solicite libremente.La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Priscila Franco Barba, que impulsó la reforma para restringir la constancia, dijo que le sorprendió el veto pues durante todo el proceso de revisión de la reforma los representantes del gobierno estatal avalaron su contenido. Insistió en que el propósito de la medida es prevenir la discriminación y alentar la reinserción social."No es algo que esperáramos, hubo diálogo con el Ejecutivo, con el subsecretario de derechos humanos, con el secretario de hacienda; conocíamos ya su opinión y que estaban a favor de nuestra propuesta", comentó la legisladora. Añadió que analizarán lo planteado por el Ejecutivo.El veto del gobernador incluye eliminar la facultad dada a la Secretaría del Trabajo para verificar que los patrones no soliciten el documento como parte de los requisitos para dar un empleo. También se pide modificar la Ley estatal de Ingresos para bajar de 70 a 40 pesos la expedición de formato digital de la constancia de historial penal. En el veto no se hace referencia a que suprimir el documento representaría una reducción de alrededor de 40 millones de pesos (MDP) en los ingresos del IJCF. Este es el segundo veto aplicado por el gobernador en lo que va de su administración, el primero fue a la Ley de Amnistía a Mujeres Violentadas que también emanó de la bancada de MC.LS
