Con algunos cuestionamientos por el incumplimiento en la apertura de centros de verificación, el Congreso de Jalisco aprobó la iniciativa del gobernador para reformar las bases del programa de verificación y ampliar cuatro años el contrato (de 15 años) que tiene con la empresa Worldwide Environmental Products, proveedor de la tecnología usada en las revisiones. Entre los ajustes incluyeron que deben verificarse los vehículos oficiales de todos los entes públicos en el Estado, que deben realizar las previsiones presupuestales necesarias. Será responsabilidad del servidor público que tenga asignado o bajo su resguardo el vehículo oficial, que sea verificado.Precisan que la verificación es obligatoria sólo para los automóviles que se encuentren registrados o los de estancia permanente en zonas metropolitanas o municipios de más de cien mil habitantes que cuenten con centros de verificación vehicular. Además, los autos híbridos o eléctricos quedan exentos del trámite, originalmente la excepción era sólo para los eléctricos.La reforma establece que en la Ley de Ingresos 2023 deben quedar contemplados incentivos a las personas que cumplan con la verificación, como el 10% de descuento en el pago de refrendo vehicular y tarjeta de circulación, adicional a lo que se otorgue por pronto pago y a los trámites a través de internet. También 20% de descuento en la dotación de placas a los vehículos foráneos que cumplieron con la verificación vehicular.El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, cuestionó que se use a la pandemia como justificación de las fallas del programa y sostuvo que no es argumento para ampliar el contrato con el proveedor que ha recibido pagos, aunque no se alcanzaron las metas de revisiones o de apertura de verificentros.En contraparte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino Velázquez, justificó la ampliación del contrato y defendió que el programa sea obligatorio para todos los autos oficiales.Al argumentar su voto en contra, la legisladora de Futuro, Susana de la Rosa Hernández, refirió que lo que se debe extender es el aplazamiento de las multas. Criticó la prisa por ampliar el contrato y sostuvo que el interés es recaudatorio y no el medio ambiente.El morenista, Oscar Vásquez Llamas, justificó que su fracción votó a favor en lo general de la propuesta; dijo apoyan que haya descuentos y que se exenten a los autos híbridos y eléctricos.La priista Verónica Flores Pérez, celebró que la administración estatal haya aceptado aplazar las multas hasta que se tengan los centros de verificación necesarios y que se apliquen descuentos en el refrendo a quien cumpla con la revisión.Según información entregada vía transparencia, el proveedor del sistema ha recibido 84.5 millones de pesos (MDP). La Coordinación Estatal de Gestión del Territorio detalló que, desde noviembre de 2020 hasta mayo pasado, le realizaron 18 transferencias a la empresa.De acuerdo con los anexos del paquete presupuestal 2022, durante esta administración el Gobierno estatal proyecta pagarle mil 946 millones de pesos a la empresa Worldwide Environmental Products, sólo para este año se programaron 346.2 millones.JM
