La protesta frente al Palacio de Gobierno estatal, tras el presunto homicidio de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, también refleja el hartazgo de la población ante la lentitud y la omisión de las autoridades para sancionar a los culpables.Anuar García, presidente de SOS Jalisco, remarcó que la demora en este caso es inexplicable, pues el hecho ocurrió el 4 de mayo, pero la Fiscalía no había reportado avances hasta que se hizo público.“Tienes los testigos, tienes el video. No necesitas más para llevarlo ante un juez y emplear justicia”, dijo. Resaltó que el hecho de que los agentes no hayan sido separados de sus cargos demuestra que Eduardo Cervantes, alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, ha sido omiso.“Parece que los están premiando y se ve una colusión del presidente municipal junto con sus policías”. Sobre este punto, el penalista recordó que Ixtlahuacán de los Membrillos está integrado a la Policía Metropolitana, una estrategia que involucra al Estado como corresponsable.“(La) Policía Metropolitana pudo haber metido mayor presión desde el Gobierno del Estado y directamente con los mandos como el señor (Macedonio) Tamez y de parte de Seguridad Pública del Estado”, añadió.El especialista también acentuó que la Entidad ocupa uno de los últimos lugares en impartición de justicia en México y en el contexto de la pandemia el rezago ha aumentado. “La Fiscalía del Estado está cerrada, sólo atienden guardias. La gente está reventando, se les ha olvidado la parte de la impartición de justicia”.Sobre la reacción de algunos manifestantes, quienes incendiaron patrullas y atacaron a uniformados, García subrayó que es “injustificable” el empleo de la violencia para demandar justicia.
