El cierre del Centro de Federal de Readaptación Social Número 2 (Occidente) es producto de la mala relación entre el Gobierno del Estado y el federal, advirtió Rubén Ortega Montes, miembro del observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara.“No fue coordinado con ninguna instancia del gobierno local, nadie sabía de esto, entonces mi lectura es que hay una desconfianza total, cómo voy a trasladar tantos reos, cómo voy a dejar tantas fuentes de trabajo, cómo voy a impactar en la economía por el cierre de este centro sin tener conocimiento”, cuestionó.Ortega Montes dijo que además del impacto para los reos y los familiares, habrá un impacto para los empleados ya que muchos serán reincorporados a otros lugares y otros definitivamente no se moverán.“Muchos viven en zona metropolitana de Guadalajara o cerca por ejemplo en Zapotlanejo y Tonalá. Vivían de alguna forma cercana para llegar al trabajo, ahora se les va a complicar”, sostuvo.Otro impacto será para todos los procesados que están en los juzgados federales a los tribunales unitarios, los colegiados de circuitos en materia penal.“Claro que les va a impactar, no van a poder traer a las personas físicamente, se van a retardar audiencias. Las diligencias se van a tener que hacer por exhorto a los juzgados más cercanos donde están recluidos o van a poner en riesgo el traslado de los reclusos de otros estados”, añadió.Otra afectación será para los despachos jurídicos que verán mermar sus ingresos.LS
