A 23 días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los pobladores de los alrededores del río Santiago, ni el Gobierno federal, ni el estatal, ni los municipios han dado respuesta o emprendido acciones concretas. El plazo que se les dio para ello fue de 15 días.El investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Luis Antonio Rocha, y el servidor de la unión de pueblos de la cuenca Lerma-Santiago-Chapala, Enrique Lira, urgieron a las autoridades a atenderlas. En el coloquio “Violaciones de derechos humanos y medidas cautelares de la CIDH”, recordaron que las autoridades están obligadas a proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas.Rocha sostuvo que se debió instalar una mesa de trabajo para atender a los afectados y una brigada médica para elaborar diagnósticos individuales de los habitantes, pero eso no ocurrió.Por su parte, Lira indicó que desde los pueblos se exige una reforma a la Constitución federal y a la estatal, ambos sobre las facultades de la Comisión de Derechos Humanos, para que esas instancias sean vinculantes y las autoridades a las que emiten sus recomendaciones se vean obligadas a acatarlas.
