Por considerarlo un caso de persecución política, que además reprime la libre expresión, el PRI Jalisco alzó una exigencia a las autoridades estatales para que los tres jóvenes universitarios contra quienes se dictó prisión preventiva el pasado 5 de enero sean liberados.Se trata del ex presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Javier Armenta Araiza, así como los estudiantes Ilich Cisneros González y José Rojas Umazor, a quienes se les acusa del delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas, por la ocupación, a manera de protesta, de un predio de 13.6 hectáreas en propiedad de privados.“No podemos creer que en este Estado, que el Estado jalisciense, criminalice a jóvenes que su mayor pecado, su mayor delito, sea luchar por sus causas, por sus ideales, sus sueños, por sus convicciones. Parece que en pleno 2023 hemos regresado a una época que ningún mexicano ni mexicana quisiera volver a vivir: la represión desde las instituciones públicas. Parece que hoy el hablar de causas es hablar de delitos, hoy a quienes alzamos la voz se nos señala, se nos estigmatiza. ¿Por qué no se hace justicia y se deja ir con todo el Estado mexicano y jalisciense en contra de los verdaderos criminales? En este Estado sigue imperando la impunidad”, expresó la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro, ayer en rueda de prensa.Por ello es que en representación del PRI estatal exigió que los tres jóvenes sean liberados el martes, día en el cual concluye la prisión preventiva dictada por el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos, y en la cual se prevé llevar a cabo la continuación de la audiencia para decidir si son vinculados a proceso, pues insistieron, se trata de un acto de represión ante lo que consideraron los integrantes de este partido, es una amenaza a los intereses propios del Gobierno estatal, así como un acto que forma parte de las luchas políticas del Gobernador contra la Universidad de Guadalajara.“En el Estado han pasado más de dos años del magnicidio de Aristóteles Sandoval, y hoy seguimos sin tener respuestas claras, sin que la justicia llegue a sus familiares”, lamentó. Pese a que el gobernador de Jalisco ha insistido en que el conflicto por el cual tres jóvenes universitarios (Javier Armenta Araiza, Ilich Cisneros González y José Rojas Umazor), se encuentran en prisión, es un asunto entre particulares, la diputada por Hagamos, Mara Robles, señala diversas inconsistencias que hacen que no sea así.Por el contrario, señaló, se trata de presos políticos que se encuentran encarcelados por intereses del propio gobernador de Jalisco y un “cartel inmobiliario”, así como por tratarse de una jugada más, parte del conflicto que sostiene con la Universidad de Guadalajara. “Se trata de un tema político, los chicos son presos políticos”.“Lo único que nos faltaba en el Estado después de la inseguridad y de las desapariciones, es que ahora tengamos presos políticos, y evidentemente el juez es parte, porque tiene conflicto de interés, pues es esposo de quien fuera la síndico del ayuntamiento de Guadalajara involucrada en el caso y denunciada previamente”, señaló Mara Robles.La diputada dijo, se trata de una represión a la manifestación, pues los jóvenes, a quienes se les señala por el delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas, por la ocupación, a manera de protesta, solo buscaban defender el predio en Huentitán que estaba destinado a ser un parque, sin embargo fue vendido a particulares para la construcción de vivienda vertical.“El gobernador se ha colocado como el gobernador más represor del País deteniendo estudiantes. Creímos que el viejo régimen estaba agotado, pero lo tenemos ahora consolidado en Jalisco”, añadió.“No son invasores, no iban a despojar el predio para otra cosa, y no usaron la violencia, como sí la usó el Estado para desalojarlos en agosto del 2021. Estaban simplemente ejerciendo su derecho a la libre expresión y la libre manifestación”, indicó la diputada. La presidente de la Red de Jóvenes por México en Jalisco, Regina Martínez, lamentó las acciones emprendidas por el gobierno de Jalisco al considerarlas “graves y lastimosas, pues de lo único que se les acusa es de defender un predio destinado a ser un parque para el disfrute de la ciudadanía”.Señaló que se siente orgullosa de que las juventudes de este partido se sumen a su apoyo desde que los tres jóvenes se manifestaron en el predio al tomarlo en marzo de 2021, ayudándolos incluso en la plantación de árboles porque “se sienten parte de la causa”.La dirigente de Juventud Popular del PRI, Paola Cosío, lamentó que la actual administración “atente contra el medio ambiente a partir del ecocidio” propiciando la muerte de peces y carpas en Cajititlán; permitido la construcción de departamentos en espacios donde escasea el agua y al legalizar y fomentar la venta de las Villas Panamericanas. “Donde nosotros vemos un parque ellos ven un negocio”, añadió. Se cometió una ilegalidad desproporcionada al dictarles la prisión preventiva oficiosa cuando es anticonstitucional y la Suprema Corte declaró que esa figura no existe.Otra irregularidad en el caso que además justifica que se trata de un asunto político, explicó Mara Robles, es porque el ahora gobernador, cuando era presidente municipal de Guadalajara, fue cómplice de la ilegalidad al volver a cambiar las empresas que habían incumplido en los acuerdos de la venta del predio, además de que pudo exigirles que la cumplieran y no lo hizo.“No solo no lo hizo, sino que permitió otra voltereta jurídica y fue cómplice de las extinciones de impuestos, de prediales y sobretodo permitió el atropello de que se diga nuevamente que son 668 millones de pesos cuando el precio se había fijado en dólares y no se tomó en cuenta la inflación.Estas, dijo, son las irregularidades y anomalías que demuestran que el gobernador de Jalisco es el actor principal de este caso y que el debido proceso se ha violentado, “que desea dejar la lección de que la protesta social está conjurada”, indicó. CT
