Con el argumento de que la reforma para limitar el número de escoltas asignados a ex funcionarios se aprobó sin estudios serios, la diputada priista Mariana Fernández anunció que presentará otra modificación en la materia para regresar la protección a los servidores públicos.La iniciativa se da tras el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval, registrado hace un mes en un bar de Puerto Vallarta.La legisladora priista afirmó que no busca un trato privilegiado a los ex funcionarios, sostuvo que la ley debe ser recíproca con las personas que han servido al Estado. También pidió que no se haga público cuántos elementos tienen asignados cada funcionario para “no entregarles a los delincuentes la información necesaria para planear sus ataques”.Los actuales diputados aprobaron, el 5 de diciembre de 2018, la Ley del Servicio de Protección para el Estado y sus municipios para regular la asignación de escoltas oficiales a funcionarios y ex funcionarios públicos.Se estableció que el Consejo Estatal de Seguridad Pública debe elaborar los dictámenes de riesgo para definir cuántos elementos de seguridad se asignan a los funcionarios que requieran protección. Se puso un tope al número de escoltas oficiales asignados a ex funcionarios, el máximo fue 18 elementos en el caso de ex gobernadores y ex fiscales; además de dos vehículos blindadosLos 3 diputados del PRI votaron en contra de esa reforma, que se avaló con 35 votos a favor. En la discusión del tema la coordinadora priista, Mariana Fernández, criticó que la regulación impusiera topes al número de escoltas para ex funcionarios; pidió no usar el tema para golpeteo político y recriminó que se haya hecho pública la cantidad de elementos asignados a quienes dejaron la administración estatal.La reforma para regular el número de escoltas asignados a cada funcionario había sido aprobada por la anterior Legislatura, el 24 de agosto de 2017. El entonces gobernador, Aristóteles Sandoval, vetó esa modificación.Entre otras cosas observó que la reforma tenía errores al establecer un mecanismo denominado “Servicio de Protección Estatal” sin especificar cuál autoridad se haría cargo de prestar el servicio y ordenaba la obligación de pagar por recibir la protección. Además de que no se habían modificado las leyes de Hacienda e Ingresos, ni estableció el monto de lo que costaría el servicio.NR
