La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), expresaron este martes su indignación por los actos de violencia cometidos en contra del Presbítero, Alberto Ruíz Pérez, y su equipo de colaboración del albergue para migrantes y refugiados El Refugio, ocurridos el pasado 24 de octubre.Ese día y de acuerdo con lo expresado por el Presbítero, un grupo de personas armadas irrumpieron en el albergue, lo amagaron con armas de fuego, lo golpearon y se llevaron veinte mil pesos."Desde hace muchos años dicho albergue para migrantes y refugiados y el padre Alberto, junto con otras personas y organizaciones de la sociedad civil, han brindado ayuda humanitaria a miles de migrantes que transitan por el Estado de Jalisco. Por ello, preocupa que estos hechos no sólo hayan afectado la integridad, intimidad y el patrimonio de esta organización y de las personas que ahí laboran, sino que se pretenda inhibir su labor como defensores de los derechos humanos", expresaron ambos organismos.De acuerdo con la CNDH y la CEDHJ, la labor que realizan las personas defensoras de los derechos humanos es fundamental para la sociedad y la vida democrática del país pues además inciden en la creación de herramientas indispensables para garantizar sus derechos, para actualizar y armonizar la legislación y para fortalecer las acciones de las instituciones especializadas en la materia.Por este motivo, ambos organismos solicitaron a las autoridades que se implementen medidas cautelares para salvaguardar la vida y seguridad de los colaboradores del albergue, así como sus instalaciones.Además, solicitaron que se indague lo ocurrido dentro del albergue, bajo el protocolo de investigación que debe seguirse a las agresiones cometidas contra defensores y defensoras de derechos humanos."Solicitamos se garantice la seguridad del Presbítero Alberto y su equipo de trabajo, garantizando que hechos como los ocurridos no vuelvan a cometerse, con el fin de que puedan seguir realizando sus actividades en la defensa y protección de las personas migrantes y refugiadas" indicaron a través de un comunicado."Actualmente, las y los defensores de derechos humanos enfrentan el riesgo y vulnerabilidad que implica realizar una tarea como la que su labor y vocación requiere, en un contexto como el que vive el país. Cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de los defensores civiles se niega a su vez a muchísimas personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones a derechos humanos", añadieron los organismos.OB
