Miles de personas con algún familiar desaparecido se agolparon, a finales del año pasado, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), luego de escuchar la noticia de que un tráiler con cientos de cuerpos fue abandonado por las autoridades.La crisis que desató el hallazgo de la caja refrigerante hizo que el IJCF casi quintuplicara las identificaciones de cadáveres, lo que además dejó en evidencia que puede ser más veloz y eficiente en esa tarea.El Gobierno estatal confirmó que no era uno, sino dos los tráileres con cuerpos en su interior. Uno tenía 273 y el otro 49. Sin embargo, del total de esos sólo fueron identificados 47 por sus familiares, de acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia.Tan sólo de septiembre de 2018, (mes en que se dio a conocer el hallazgo de la caja del tráiler con cadáveres) y hasta diciembre de ese mismo año, 176 cuerpos fueron identificados por familiares.Para comparar, en el mismo periodo de 2017 (septiembre a diciembre) sólo 37 cuerpos fueron reclamados por sus familias. De hecho, en todo ese año sólo 64 cadáveres fueron identificados. La cifra es 4.5 veces menor a los 293 que sí fueron reclamados en 2018.Según el documento sobre el derecho a la protección de todas las personas contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, en Jalisco el IJCF argumentó no contar con personal exclusivo, equipo ni presupuesto suficientes para realizar las tareas específicas de resguardo, conservación y realización de pruebas técnicas y científicas para identificar cuerpos o restos humanos de personas fallecidas.Fue después de que la noticia de los “tráileres de la muerte” se difundió en medios internacionales como New York Times, Washington Post y BBC, cuando el ex gobernador Aristóteles Sandoval ordenó inhumar los cuerpos en dos panteones de la metrópoli.El ex titular del IJCF, Luis Octavio Cotero, había asegurado que se requerían al menos 100 peritos más para reforzar al Instituto.El año pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) urgió al IJCF, por medio de la recomendación general 3/2018, a “implementar un área de búsqueda e identificación de personas, cadáveres y restos humanos oportuna, completa, ágil y certera”, así como a elaborar, junto con la Fiscalía del Estado, un protocolo para la notificación inmediata de identificación de cadáveres. La crisis por los cuerpos deparó en el cese del entonces titular del Instituto, Luis Octavio Cotero, por “omisiones graves”, y de otro funcionario que tuvo a su disposición un aparato capaz de procesar 100 muestras de ADN al día, pero que decidía no utilizarlo y realizar sólo 30 de estos procedimientos.
