A pesar de los cuestionamientos a sus perfiles y la petición del gobernador para dejar sin efecto la terna en la cual los postuló, los tres candidatos a fiscal anticorrupción descartaron promover una impugnación al proceso que sigue el Congreso.Durante su comparecencia, Lilia Iris Morán, la candidata a fiscal mejor evaluada, negó que tenga un conflicto de interés por su actual cargo dentro de la Secretaría General de Gobierno; sostuvo que la respalda una trayectoria de 23 años en áreas de procuración de justicia, con un desempeño institucional.En la entrevista, el diputado independiente, Pablo Torres, cuestionó a la aspirante sobre una recomendación en su contra emitida en el año 2000, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Morán Ferrer reconoció que recibió el señalamiento cuando era agente del ministerio público y refirió que fue por una cuestión de interpretación de la CEDHJ.Adrián Talamantes Lobato, quien también aspira al cargo de zar anticorrupción, explicó que no participó en el mecanismo de evaluación propuesto por el Comité de Participación Social porque no se enteró a tiempo de la fecha en que se programó la presentación del caso práctico. Argumentó que no tiene inconveniente en presentar su declaración de intereses y dijo que cumplirá con remitirla en caso de que reciba el nombramiento.“Creo que mis derechos están a salvo, tampoco voy a impugnar, lo que decida el Congreso yo lo respetaré. Será decisión de los diputados y lo que resuelvan lo respetaré absolutamente”, planteó.Por su parte, el académico Rogelio Barba Álvarez dijo que aspira al cargo por interés propio. Cuestionado sobre la decisión del gobernador, dijo que serán los diputados los que decidan si al final no eligen al fiscal de esta terna.“No es una simulación, hay una convocatoria y pues yo estoy aquí. Yo creo que tengo muchas posibilidades por mi antecedente académico, quiero que me conozcan los diputados y la sociedad”, sostuvo Barba Álvarez.Luego de cubrir con el trámite de las entrevistas, la Comisión de Gobernación debe elaborar el dictamen de elegibilidad que turnará al pleno del Congreso para someterlo a votación.Concluidas las comparecencias, el coordinador de la fracción del PRI, Hugo Contreras Zepeda, informó que el Gobierno estatal remitió al Legislativo el oficio para formalizar la petición para que se retire la primera terna que mandó. El priista señaló que la comisión revisará el escrito para darle salida jurídica, agotar el procedimiento y evitar impugnaciones.
