La petición para que se ofrezca una disculpa pública por agraviar derechos humanos en la crisis registrada en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), que llevó al uso de cajas refrigerantes de tráiler para resguardar cadáveres, es una medida de reparación del daño y satisfacción contemplada en la Ley General de Víctimas; señaló, Javier Perlasca Chávez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).Luego de que el gobernador Enrique Alfaro afirmó que atenderá la recomendación 10/2019, emitida por la Comisión por la situación en el IJCF, pero sin ofrecer disculpas; el visitador subrayó que la medida se solicita como una postura institucional y no como un señalamiento o sanción contra los actuales funcionarios. En su recomendación la CEDHJ plantea que el fiscal general del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez y Gustavo Quezada Esparza, director del IJCF sean quienes ofrezcan disculpas. "Las disculpas son un acto de sensibilidad del Estado, donde asume por voluntad propia hacer sinergia y solidaridad con las víctimas. No es una sanción, la disculpa es una medida de satisfacción de naturaleza jurídica estatal, nacional e internacional", explicó. El visitador recordó que el Gobierno de México ya ha ofrecido disculpas públicas por violaciones a derechos humanos por hechos como los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua (conocido como caso Campo Algodonero). Perlasca Chávez señaló que las autoridades incluidas en la recomendación tienen hasta el 4 de junio para responder oficialmente, dijo confiar en que tras el análisis que haga la administración estatal de la recomendación se acepten las medidas de reparación que consisten ofrecer las disculpas y erigir un memorial a las víctimas.LEE TAMBIÉN: Por acumulación de cuerpos, advierten de nuevo colapso en Ciencias Forenses"Son dos caminos, uno de ellos es lo que se conoce como declaración de aceptación parcial y eso puede dar pie a que se solicite al Congreso del Estado que la autoridad que no la acepta comparezca ante la asamblea y funde y motive por qué no la acepta. La otra opción es por parte de las víctimas que pueden interponer un recurso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos si hay negativa a aceptar total o parcialmente una recomendación y eso puede derivar en otra recomendación, pero ya ahora nacional", añadió. Sobre la recomendación general tres de 2018 por los casos de personas desaparecidas, el visitador dijo que hay pocos avances, refirió que de haberse acatado la crisis en el IJCF habría sido menor pues planteaba la habilitación del cementerio forense, la debida integración de expedientes únicos de identificación forense y todas las medidas a tomar para resguardar cadáveres no identificados. La Ley General de Víctimas establece en el artículo 73 las medidas de satisfacción a las víctimas, entre las que se incluye la disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.IM