El que Jalisco haya mantenido el mismo puntaje en el Índice de Estado de Derecho 2019, elaborado por el World Justice Project, comparado con su análisis del 2018, significa que las últimas acciones del Sistema Estatal Anticorrupción detuvieron el avance de este mal, afirmó la presidenta del Comité de Participación Social (CPS), Lucía Almaraz. “Nos mantiene en el mismo porcentaje que en su estudio pasado. Lo positivo de mantenernos en el mismo nivel es justo eso, que se está conteniendo la corrupción, no está avanzando a pesar de que este estudio solo es de percepción”. Almaraz puso como ejemplo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2019 realizó 636 auditorías a la administración pública que resultó en sanciones para 278 funcionarios, lo que habla del combate a la impunidad que ya está en marcha.El Índice de Estado de Derecho colocó a Jalisco en el sitio 26 a nivel nacional al darle una calificación de 0.37 en una escala del 0 al 1, donde 1 es una mayor adhesión al estado de derecho. La calificación se halla por debajo de la media nacional, que fue de 0.39. Sin embargo, Almaraz aclaró que los resultados de este análisis no revelan la situación real pues el estudio se basa principalmente en juicios de percepción, lo que es distinto a la prevalencia. Explicó que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental reveló que 56 por ciento de los encuestados han escuchado o creen que existe corrupción en los trámites que realizan (percepción), mientras que solo el 14 por ciento la ha experimentado (prevalencia).Esto ocurre en el cuestionario del Índice de Estado de Derecho, donde sus preguntas son, por ejemplo, si la persona cree que el Poder Judicial es un contrapeso del Gobierno y sus opciones son “sí” o “no”. “Pues quién va a contestar que sí, así con la fama que tiene el Poder Judicial, seguramente va a decir que no”. Almaraz recordó que el Sistema Estatal Anticorrupción nació apenas hace dos años sin presupuesto ni infraestructura; no fue sino hasta el segundo año que se instaló la Secretaría Ejecutiva, ya con presupuesto y oficinas. En estos dos primeros años, señaló, se comenzaron a sentar las bases para una reducción más efectiva de la corrupción con los primeros resultados, como la emisión de recomendaciones para el fortalecimiento institucional de las contralorías y órganos internos de control de las instituciones y para el proceso de selección de magistrados.También emitieron un pronunciamiento para dar puntual seguimiento a la licitación pública del cuestionado programa de A toda máquina.“Ahorita, en este momento, podemos controlar la corrupción, ya a mediano y largo plazo podemos hablar de disminuirla”.LS
