La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de destituir al titular de la delegación Venustiano Carranza en la Ciudad de México por no cumplir una sentencia de amparo en materia laboral sentó un precedente para alcaldes de Jalisco que enfrentan más de 400 procesos de suspensión por el impago de laudos, en su mayoría heredados de anteriores administraciones.En los últimos dos años, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ha presentado 441 solicitudes de suspensión contra funcionarios municipales. Según un informe de la Comisión legislativa de Desarrollo Municipal, sólo en cuatro casos se inició el proceso de sanción; sin embargo, involucrados consiguieron un acuerdo para no ser castigados.Actualmente, hay siete procedimientos abiertos de inhabilitación por este tema, dos contra el alcalde de Tala y otros contra Chapala, Ixtlahuacán del Río, Cuquío (incluye a regidores), Hostotipaquillo y Tomatlán (incluye al síndico). De no llegar el acuerdo de pago antes de que la sanción se vote en el pleno del Congreso, los alcaldes serían suspendidos sin goce de sueldo por dos semanas.NUMERALIAProcesos en contra441 solicitudes de sanción por impago de laudos ha recibido la actual Legislatura.228 de las peticiones buscan inhabilitar a presidentes municipales.68 son contra síndicos.56 peticiones son contra alcalde y regidores.29 solicitudes son contra regidores.En dos años de administración, el alcalde de Chapala Javier Degollado González se ha quedado en dos ocasiones a un paso de ser suspendido por no pagar laudos. El presidente municipal sostuvo que los pagos a ex trabajadores han sangrado las finanzas del Ayuntamiento pues le ha tocado pagar alrededor de 16 millones de pesos en 25 laudos que, afirmó, heredó de la anterior administración.Cuestionado sobre la decisión de la Suprema Corte que destituyó a un delegado de la Ciudad de México por un caso similar a los que él enfrenta, el alcalde dijo que es un mal precedente pues, aunque están obligados a cumplir con las sentencias judiciales, los recursos municipales no alcanzan para cubrir pagos que consideró injustos.“Esperemos que con las reformas a la ley de servidores públicos se termine el abuso por laudos. Que cada administración se haga responsable de su personal, que los liquide conforme a la ley y que no deje problemas a las nuevas administraciones”. La comuna ribereña aún arrastra deuda de 22 millones de pesos en alrededor de 20 procesos laborales que enfrenta.La Comisión de Hacienda en el Congreso rechazó la posibilidad de buscar apoyos para algunos ayuntamientos que solicitaron al Poder Legislativo avalar partidas extraordinarias para el pago de juicios laborales. Se calculó que se necesitan alrededor de 5 mil millones de pesos para cubrir los adeudos por laudos que arrastran municipios y dependencias públicas.La diputada Adriana Medina Ortiz, presidenta de la Comisión Legislativa de Desarrollo municipal, dijo que revisan los alcances de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso del delegado de Venustiano Carranza, y si eso cambiará el trámite que da el Poder Legislativo a las decenas de solicitudes de sanción que llegan por el tema de laudos. La legisladora consideró que se requiere una reforma a nivel federal para que los procesos laborales sean más ágiles y que los Congresos estatales no intervengan.“No somos competentes nosotros para debatir o darles la solución a los laudos. Es una bolita que se pasa entre juzgados, tribunales y que mandan al Congreso. Nosotros como diputados no somos los encargados de ejecutar ese tipo de sentencias”, planteó la legisladora.Por su parte el diputado presidente de la Comisión de Gobernación, Jorge Arana, comentó que entiende la complicada situación de las administraciones municipales que ven comprometidos sus recursos por los reclamos de pagos a ex trabajadores, pero acotó que el Congreso está obligado a darle seguimiento a todos los requerimientos de sanción que lleguen, si no el castigo sería para los diputados por desacatar una sentencia.“Nosotros llegamos hasta las últimas consecuencias en cuanto a tratar de llegar a una negociación casos concretos, Hostotipaquillo y Chapala son tres casos donde hemos estado a minutos de la suspensión y nosotros hablamos hasta agotar las últimas consecuencias en el sentido de que lleguen a un acuerdo. Si nosotros no acatamos la ley viene la suspensión en contra nuestra”, añadió que los ayuntamientos deben ser cuidadosos de sus procesos de cese de personal para no caer en esta situación.EL DATOLa SCJN destituyó a Israel Moreno Rivera como delegado de Venustiano Carranza, por el incumplimiento de una sentencia de amparo en materia laboral. Los ministros también instruyeron consignar al ex delegado y diputado local de la Ciudad de México, Manuel Ballesteros, por el mismo caso, el legislador no ha sido destituido gracias a su fuero. El ministro José Fernando Franco González Salas fue quien propuso la sanción como resultado de un incidente de inejecución de sentencia por no respetar los amparos concedidos en 2013 a cuatro trabajadores. El delegado destituido argumentó que se pagaron 6 millones 979 mil 819 pesos por diferencias salariales y aguinaldo de los cuatro trabajadores. Pero no se les restituyeron todas las funciones que tenían antes del despido.TELÓN DE FONDODurante una comparecencia en el Congreso, hace unos meses, el secretario general del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Rubén Darío Larios García, advirtió que la falta de coordinación entre las áreas jurídicas y administrativas de los ayuntamientos y no cumplir adecuadamente con los procesos administrativos de cese provocan la ola de laudos por despidos injustificados.“Es importante que en los ayuntamientos haya una coordinación directa entre los jurídicos y las áreas administrativas, que muchas veces son quienes cesan servidores públicos y a veces se pasan el procedimiento, entonces ya desde ahí viene complicado el asunto”, planteó el funcionario.Larios García dijo que los ayuntamientos incurren en omisiones en la defensa de los casos y añadió que en la medida que las administraciones municipales y las dependencias estén correctamente asesoradas se blindarán de recibir laudos cuantiosos. LA VOZ DEL EXPERTOEstanislao Solórzano Barón (investigador del CUCSH)La decisión tomada por ministros de la Suprema Corte, de castigar al delegado y ex delegado de Venustiano Carranza, por no cumplir un amparo en materia laboral es adecuada y debe ser una llamada de atención para todas las administraciones públicas, afirmó Estanislao Solórzano Barón, investigador de la División de Asuntos Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). Rechazó que sea una sanción excesiva, pues, argumentó, fueron cuatro años en los que autoridades delegacionales no cumplieron la sentencia de un juicio de amparo.El académico planteó que la solución es que las administraciones municipales sean más eficientes en el trabajo de sus áreas jurídicas y den un correcto seguimiento a los procesos de cese.“El primer paso sería que cada dependencia pública tuviera un orden, un control administrativo, que se cumpliera la ley; se evitaría y no habría ningún juicio más o demandas con pretensiones infladas superiores a las reales.Añadió que el Congreso ha quedado a deber pues tendría que generar una decisión adecuada para evitar que se sigan repitiendo malas prácticas y proceder en contra de los ayuntamientos, sobre todo con los reincidentes.
