Un juez de control vinculó a proceso a cinco policías de Tonalá por el delito de abuso de autoridad, esto luego de que la Fiscalía Anticorrupción logró acumular todas las pruebas en contra de Marcos Édgar “N”, Gerson Javier “N”, Carlos Alberto “N”, Quimberlhy Jamillet “N” y Édgar Oswaldo “N”.En el caso de Marcos Édgar y Gerson Javier también se les acreditó el delito de lesiones a terceros.Al concluir la audiencia inicial esta tarde en Puente Grande, el juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Luis Enrique Razo Jiménez, resolvió vincular a proceso a Carlos Alberto “N”, Quimberlhy Jamillet “N” y Édgar Oswaldo “N”, por el delito de abuso de autoridad que comete el servidor público que “ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos” que garantizan la Constitución Política de México y la de Jalisco.Mientras que a Marcos Édgar “N” y Gerson Javier “N” los vinculó por la modalidad de abuso de autoridad que señala que se comete ese delito “cuando en el ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona, sin causa legítima, o la vejare”, y por lesiones que no ponen en peligro la vida de la víctima, pero tardan más de 15 días en sanar.Según las investigaciones se desprendió que el pasado 10 de abril de este año, los cinco elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá, arribaron a una casa ubicada en Camino a Colimilla, en el Fraccionamiento Residencias El Prado, apuntando con su arma de cargo a los jóvenes que estaban en el interior.Por el hecho, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió la carpeta de investigación correspondiente por abuso de autoridad, así como por lesiones que integró en conjunto con Visitaduría de la Fiscalía del Estado.Tras a analizar los hechos y pruebas presentadas por las partes, el juez resolvió esta tarde la vinculación a proceso de los elementos de seguridad pública de Tonalá y les impuso como medidas cautelares la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas y testigos, así como la presentación a control judicial mensual durante los próximos seis meses.
