Salvador Perea, el único policía investigador que permanecía en prisión preventiva por su presunta relación en los operativos del 5 de junio de 2020 denominados como el “halconazo tapatío”, en los cuales agentes de la fiscalía del estado realizaron privaciones ilegales de la libertad de decenas de jóvenes que acudían a manifestarse, ya se encuentra en libertad.Lo anterior, luego de que el juez Décimo Primero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, Raúl Valdés Arredondo, le concediera la suspensión condicional del proceso, mediante la cual podrá continuar sus procedimientos legales fuera de prisión, aunque esto no lo absuelva de su probable responsabilidad, informó este martes la Fiscalía Anticorrupción.La dependencia dijo que la defensa de este mando de la Físicalía Estatal solicitó la suspensión condicional del proceso, al considerar que se cumplían los parámetros establecidos en el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, situación que fue revisada por la Unidad Estatal de Medidas Cautelares.De las seis víctimas reconocidas en la carpeta de investigación que integró al Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sólo una persona le dio seguimiento a su asunto y dijo no oponerse a que se otorgara este beneficio que considera la ley, señaló la dependencia a través de un comunicado.“Las otras cinco víctimas no mostraron interés en el tema, a pesar de que se les citó en varias ocasiones, y expresaron no querer formar parte de la investigación. Se les buscó para saber si era su deseo llegar a una solución en este conflicto, hasta que pidieron ya no ser molestadas”, señaló el texto.Además, como parte del plan de reparación y condiciones que tendrá que cumplir durante seis meses Perea, para hacer efectiva la suspensión, el Juez le ordenó residir y mantener el domicilio que informó ante el juzgado, no acercarse a las víctimas, ni frecuentar los mismos sitios que ellas, incluyendo sus domicilios particulares, tomar un curso de Derechos Humanos y someterse a la vigilancia mensual que determine la Unidad de Medidas Cautelares.También deberá hacer el pago de 10 mil pesos de forma inmediata, a la víctima que sí continuó el proceso hasta el final, como reparación del daño, y hacer el pago, a más tardar dentro de 15 días, de cinco mil pesos por cada una de las cinco víctimas restantes, dando un total de 25 mil pesos, que serán entregados como donativo al Organismo de Nutrición Infantil (ONI).Además, Perea debería ofrecer una disculpa pública para las víctimas y la sociedad, lo cual realizó durante la audiencia al hacer uso de la voz, aseguró la Fiscalía Anticorrupción.“Durante los seis meses establecidos por el juez, el agente de Ministerio Público de esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, solicitará de manera periódica la revisión del cumplimiento de las condiciones a la Unidad Estatal de Medidas Cautelares, y en caso de que alguna o varias se incumplan, quedaría sin efectos la suspensión” dijo.Salvador Perea, quien se desempeñaba como comandante del área operativa de la Policía Investigadora de la Fiscalía del Estado, fue uno de los dos mandos policiacos que fueron detenidos a raíz de los hechos derivados durante la manifestación en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado el 5 de junio de 2020.Al mecanismo de suspensión condicional del proceso pudo acceder también Raúl Gómez Mireles, el otro policía enviado a prisión preventiva como medida cautelar por el “halconazo tapatío”. El mecanismo le fue aprobado en septiembre del año pasado, solo tres meses después de haber sido vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, mismo delito que se le adjudica a Perea.De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y según establece la a Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a los agentes se les investiga por abuso de autoridad debido a que no se cumplen las condiciones establecidas en dicha ley para considerar el caso como una desaparición forzada.Lo anterior, pese a que así lo han denunciado diversos organismos en favor de los derechos humanos, entre ellos la ONU-DH, quien al tener conocimiento del caso en junio del año pasado subrayó que una desaparición forzada puede incluso durar “algunas horas”.NR
